El Observatorio del Derecho a la Ciudad ha presentado una solicitud formal de remoción contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, acusándolo de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". La denuncia se basa en la medida cautelar que el magistrado dictó a pedido del Poder Ejecutivo, la cual ordenaba la "cesación inmediata de la difusión" de audios vinculados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Una "censura previa inconstitucional"
El documento, presentado ante el Consejo de la Magistratura, fue impulsado por figuras como el abogado Jonatan Baldiviezo y el economista Claudio Lozano. Los denunciantes calificaron la medida de Maraniello como un acto de "censura previa inconstitucional", que vulnera de manera "flagrante y directa" el Artículo 14 de la Constitución Nacional y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según el Observatorio, la resolución judicial es un "bozal legal" que afecta a cualquier medio de prensa o persona, y que tiene un "efecto intimidante" sobre la sociedad. La cautelar, al no tener un plazo ni un sujeto pasivo definido, podría "durar para siempre" y se convierte en una prohibición sin límites claros.
Arbitrariedad y falta de conocimiento
La denuncia resalta la arbitrariedad del juez, quien, según el documento, admitió "no estar en conocimiento del contenido de los audios" que estaba prohibiendo. El Observatorio considera que el magistrado basó su decisión en una "mera especulación de graves repercusiones", lo que constituye una "grave desviación de los deberes de un magistrado".
Los denunciantes concluyen que esta decisión judicial no solo es un "simple error jurídico", sino un ataque directo a la labor de periodistas y a la "libertad de prensa y el derecho fundamental de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público".