Un nuevo capítulo en la saga judicial por la deuda del default de 2001 se abrió esta semana en la justicia de Nueva York. El fondo de inversión Bainbridge ha presentado una solicitud para embargar las acciones que el Estado argentino posee en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación con el fin de cobrar una sentencia de 95 millones de dólares que se le adeuda desde 2020.
El pedido, que fue elevado a la jueza Loretta Preska, es un intento del fondo de presionar para el pago de una deuda que ha permanecido sin saldarse, a pesar de la sentencia favorable que obtuvo en diciembre de 2020. En su escrito, Bainbridge propone un procedimiento de tres pasos para hacerse con el control de los activos: primero, que Argentina entregue las acciones, luego que estas se depositen en un banco neoyorquino y, finalmente, que se transfieran al fondo para saldar la deuda.
Historial de reclamos y desafíos legales
Bainbridge es uno de los fondos que se mantuvo al margen de las reestructuraciones de deuda que Argentina realizó en 2005, 2010 y 2016. Desde que obtuvo el fallo a su favor, ha intentado diversos mecanismos de embargo. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito; en 2023, la jueza Preska rechazó su intento de embargar reservas del Banco Central.
El nuevo reclamo se asemeja a otros casos recientes, como el de Burford Capital en el litigio por la expropiación de YPF, donde también se pidió la ejecución de acciones de una empresa estatal para cobrar una sentencia. No obstante, según expertos, no hay precedentes legales en Estados Unidos que avalen una transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras.
Perspectivas del Gobierno y futuros pasos
De avanzar el pedido, se espera que el Gobierno argentino, al igual que en casos anteriores, apele la decisión y solicite la suspensión de la medida mientras se resuelve la apelación. Este nuevo revés judicial se suma a otros fallos recientes de la jueza Preska, que han desestimado los argumentos de la defensa argentina en el caso YPF y en otros litigios, confirmando un clima de constante presión sobre los activos argentinos en el exterior.
