El Gobierno de la provincia de Neuquén, bajo la gestión de Rolando Figueroa, exoneró de la fuerza a tres efectivos policiales por presentar certificados médicos apócrifos. Los decretos de cesantía fueron firmados por el gobernador el pasado viernes y se dieron a conocer este lunes, confirmando un endurecimiento en la política administrativa para agilizar la purga de aquellos que cometan faltas graves.
Los casos, que se tramitaron con celeridad a diferencia de gestiones anteriores, involucran al agente Alejandro Emanuel Castro, el cabo Edgardo Segovia y el cabo Lucas Emanuel Ramírez. Los tres fueron apartados de la fuerza tras una exhaustiva investigación de la división Carpetas Médicas de la Policía.
Detalles de los casos
El agente Alejandro Emanuel Castro presentó dos certificados médicos falsos los días 7 de diciembre de 2022 y 9 de enero de 2023. Los profesionales de la salud cuyos sellos figuraban en los documentos negaron haberlos emitido, lo que motivó un pedido de cesantía por parte de la Jefatura de Policía en agosto de 2024.
Por su parte, el cabo Edgardo Segovia incurrió en una falta similar al presentar cuatro certificados apócrifos en diciembre de 2022. La falsedad de los documentos fue confirmada por los médicos involucrados, lo que llevó a que la Jefatura de Policía solicitara su despido en septiembre de 2024.
Finalmente, el ex cabo Lucas Emanuel Ramírez fue cesanteado por presentar dos licencias médicas falsas, una en septiembre de 2022 y otra en septiembre de 2023. Al igual que en los casos anteriores, los profesionales de la salud desconocieron haber emitido los certificados, lo que culminó con un pedido de despido en julio de 2024.
Además de las sanciones administrativas, los tres ex policías enfrentan causas en la Justicia Penal. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga la presunta comisión del delito de "falsedad en certificado médico". Según se supo, los tres se encuentran imputados, aunque aún no han sido procesados.
La decisión de la gobernación busca enviar una señal clara de que las faltas administrativas no serán toleradas y que se actuará con rapidez para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
