El presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma sancionada por el Congreso con apoyo de la mayoría de los gobernadores provinciales. La medida, que deberá ser tratada ahora por el Senado, vuelve a encender el conflicto con los mandatarios, al mismo tiempo que la Casa Rosada intenta abrir un canal de diálogo político.
La ley vetada establecía que los ATN se distribuyeran entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. En cambio, el Decreto 652/2025 firmado por Milei reivindica la discrecionalidad en el uso de esos fondos, al sostener que “la posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado, sino a una necesidad estructural del federalismo argentino”.
Desde el Gobierno se argumenta que la norma sancionada privaba al Estado Nacional de una herramienta ágil para responder a emergencias y desequilibrios financieros imprevistos.
Los números detrás del debate
Los gobernadores impulsaron la ley debido a los bajos niveles de ejecución de los ATN en los últimos años. En 2024 se recaudaron $679.898 millones, pero solo se distribuyó el 7,3% ($49.800 millones). En lo que va de 2025, hasta mayo, se recaudaron alrededor de $365.000 millones, de los cuales se giró a las provincias un 22% (unos $80.500 millones). El resto —aproximadamente $285.000 millones— quedó en el Tesoro Nacional.
Según la Fundación Mediterránea, entre 2017 y 2025 en promedio solo se transfirió un 26% de lo recaudado por este concepto.
Mesa política a medias
El veto se conoció en paralelo al inicio de la llamada Mesa Política, una instancia convocada por el oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Ayer participaron solo los gobernadores aliados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior).
La estrategia del Gobierno, trascendió, será evitar reuniones masivas y avanzar en encuentros personalizados con cada gobernador. Sin embargo, varios mandatarios criticaron la falta de convocatoria amplia.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, lamentó que no se haya abierto un canal de diálogo antes de la presentación del Presupuesto 2026 y advirtió: “No sé cuál es la agenda. Tenemos que dialogar, consensuar y accionar. Sin un diálogo previo, es muy difícil saber qué es lo que está pensando la gente para que sea incluido en el presupuesto”.
En la misma línea, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que participará si lo convocan, aunque aclaró que lo hará “para defender los intereses de la provincia” y pidió un modelo de país que fortalezca la inversión y el empleo privado.
Más crítico, el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló que el Gobierno Nacional “no cumplió en nada” lo pactado anteriormente. Además, denunció la falta de envío de recursos a la caja de jubilaciones: “Son 20.000 millones por mes. ¡Es mucha plata! Son tres escuelas por mes que podríamos estar haciendo”, reclamó.
Próximos pasos
Con el veto de Milei, el Senado deberá decidir si insiste en sancionar la ley —lo que exigiría una mayoría especial para rechazar el decreto presidencial— o si avala la postura del Ejecutivo. Mientras tanto, los gobernadores presionan por mayores recursos y advierten que el nuevo esquema de diálogo aún no logra incluirlos a todos.
