La Ley 22.431, sancionada en 1981, establece que al menos el 4% de los empleados de la administración pública deben ser personas con discapacidad. Sin embargo, datos oficiales confirman que ese objetivo está lejos de cumplirse: apenas 1,37% de los trabajadores del Estado nacional cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que equivale a 4467 personas.
El informe fue presentado recientemente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso. Allí se detalla que solo 14 de los 138 organismos relevados cumplen o superan el cupo exigido, y que ningún ministerio figura en esa lista. Consultados, el Ministerio de Capital Humano, la Jefatura de Gabinete y la cartera de Desregulación evitaron dar precisiones sobre los motivos del incumplimiento o sobre posibles medidas correctivas.
Reclamos sindicales y denuncias de cesantías
Para el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, la situación es aún más grave: de acuerdo con los relevamientos del gremio, la inclusión efectiva no supera el 0,9%. “Ninguna gestión cumplió con la ley. Y lo que es más preocupante, identificamos 401 cesanteados con CUD que no estaban en planta permanente. Esos casos están judicializados, pero la mayoría sigue sin resolución”, denunció.
Dónde se cumple el cupo
Entre los organismos que alcanzan o superan el 4% se encuentran:
·Superintendencia de Riesgos del Trabajo (9,48%)
·Agencia Nacional de Discapacidad (8,84%)
·Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (6,9%)
·Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (6,59%)
·Anmat (4,79%)
·Sigen (4,75%)
·Superintendencia de Seguros de la Nación (4,67%)
·CNCE (4,65%)
·BICE (4,57%)
·Fondo Nacional de las Artes (4,23%)
·INPI (4,11%)
·Caja de Retiros de la Policía Federal (4,04%)
·ORSNA (4,03%)
·INCAA (4%)
Una deuda que trasciende lo nacional
El problema no se limita a la administración central. Según ATE, en provincias y municipios la situación es similar: el cupo tampoco se respeta y, en muchos casos, ni siquiera existe una normativa local equivalente.
En la misma línea, Ermelinda Garbini, directora de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña, afirmó: “La mayoría de las jurisdicciones no logra llegar al 4%.
Aunque hubo avances, sigue existiendo un déficit muy grande en materia de inclusión”. Y advirtió que la legislación carece de mecanismos efectivos de control y de incentivos que garanticen su cumplimiento.
Más barreras que oportunidades
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho al trabajo y obliga a los Estados a promoverlo. No obstante, en la práctica persisten obstáculos: prejuicios, discriminación, falta de accesibilidad en edificios, ausencia de capacitación y precariedad laboral.
“Entre las personas con CUD, quienes más dificultades encuentran para acceder a un empleo son las mujeres y las personas con discapacidad intelectual o psicosocial”, señaló Garbini. Para ella, el desafío central es construir un sistema de apoyos estables que permita a los trabajadores con discapacidad ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral.
