A casi un mes de la difusión de los polémicos audios que involucraron al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la investigación judicial avanza con un nuevo capítulo. Fuentes con acceso al expediente confirmaron que este jueves 18 de septiembre el juez Sebastián Casanello levantará el secreto de sumario, lo que permitirá a las partes acceder a las actuaciones, conocer a los imputados y los delitos que se les atribuyen, además de solicitar nuevas medidas de prueba.
La causa comenzó tras la publicación de los audios en el canal de streaming Carnaval y en el portal Data Clave, el 19 de agosto. Días después, el abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente Javier Milei y a varios de sus funcionarios por presunta administración fraudulenta, cohecho, asociación ilícita y otros delitos. El expediente quedó en manos de Casanello y fue delegado al fiscal Franco Picardi.
Los implicados y las pruebas encontradas
Hasta el momento, los principales señalados son Spagnuolo, su ex segundo Daniel Garbellini —ex titular del área de Acceso a los Servicios de Salud— y los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina.
El caso tomó un giro la semana pasada cuando trascendió que en un allanamiento se encontraron en una caja de seguridad del Banco Francés 80.000 dólares y 2.000 euros sin declarar pertenecientes a Spagnuolo.
Otro dato relevante fue la renuncia de sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes abandonaron el caso alegando “motivos personales”. Aráoz de Lamadrid había representado previamente a un arrepentido en la causa “Cuadernos”, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible pedido de Spagnuolo para acceder a esa figura legal.
Testimonios y querellas
También declaró como testigo el consultor político Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y ex integrante de La Libertad Avanza, cuya esposa trabajó en la ANDIS hasta 2024. En tribunales, Cerimedo habría ratificado que Spagnuolo le había contado hechos similares a los que se conocieron en los audios filtrados.
A comienzos de septiembre, el juez Casanello aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, que argumentó que la investigación es válida pese al origen dudoso de los audios: “El material difundido constituye una notitia criminis suficiente para abrir una causa penal”, sostuvieron.
El gobierno niega las acusaciones
Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a rechazar este martes la veracidad del contenido de los audios: “Son falsos de punta a punta. Será la Justicia la que determine si fueron editados o cómo surgieron”, aseguró.
En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la acción civil que había iniciado para impedir la difusión del material. Una resolución previa del juez Alejandro Maraniello había ordenado frenar la publicación de los audios en medios y plataformas.
Con el levantamiento del secreto de sumario, se espera que en los próximos días la investigación defina responsabilidades, aclare la situación procesal de los implicados y marque el rumbo de una de las causas judiciales que más ruido político ha generado en el actual gobierno.
