El Estado argentino ha iniciado formalmente el proceso de apelación contra el fallo que lo obliga a utilizar acciones de YPF para saldar la condena de US$16.000 millones por la nacionalización de la petrolera. La estrategia legal busca revocar la orden de la jueza Loretta Preska, apoyándose firmemente en la defensa de la inmunidad soberana y recibiendo un inusual respaldo diplomático de Estados Unidos.
Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se articula en cuatro pilares principales:
Argumentos de la defensa y la cuestión de soberanía
1.Inmunidad Soberana: Invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como protección para que el país no sea forzado a entregar las acciones de la petrolera.
2.Activos Extranjeros: Argumenta que la justicia estadounidense carece de potestad para obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados fuera de su jurisdicción.
3.Aplicación Errónea: Sostiene que la jueza Preska aplicó de manera incorrecta la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre el manejo de estos activos internacionales.
4.Riesgo Diplomático: Advierte sobre las graves consecuencias diplomáticas de obligar a una "nación amiga" a entregar sus activos, poniendo en riesgo las relaciones bilaterales.
El fuerte respaldo de Estados Unidos
Un factor clave en la apelación es la intervención del Gobierno de Estados Unidos como amicus curiae (amigo de la corte) de Argentina. Washington alertó que la orden de incautar acciones argentinas fuera de territorio estadounidense podría vulnerar los límites legales que impone la FSIA.
El gobierno norteamericano consideró que este tipo de sentencias podrían tener "ramificaciones negativas" en sus propias relaciones exteriores y generar un precedente que ponga en riesgo sus activos ante tribunales en otros países.
Además, se subrayó que si Argentina cumple la orden de transferir las acciones antes de que la apelación principal se resuelva, podría sufrir un daño irreparable, perdiendo la posibilidad de recuperar esas acciones incluso si el fallo final le resulta favorable.
Se estima que la resolución de este complejo proceso ante la Cámara de Apelaciones podría extenderse hasta el primer trimestre de 2026.
