La Justicia Comercial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), dueña de la licencia de postres SanCor, cerrando un ciclo de crisis que deja a 550 empleados sin fuente de ingresos.
El pasado 30 de octubre, una decisión del Juzgado Comercial N°29 marcó el final de la trayectoria de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa dedicada a la fabricación de postres, flanes y yogures comercializados bajo la emblemática marca SanCor. La quiebra, declarada por el juez subrogante Federico Güerri, ordena la liquidación inmediata de la firma, que arrastraba serios problemas de gestión e incumplimientos financieros crónicos. La medida judicial impacta directamente en la vida de más de 550 trabajadores que quedan cesantes.
La resolución judicial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, ratificó a la sindicatura “Guillemi & Rosental” para llevar adelante el proceso. Las acciones inmediatas incluyeron el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la compañía, la inhibición general de sus bienes y el cierre físico de las unidades productivas. La sindicatura ya procedió a retirar las llaves de las plantas ubicadas en Arenaza (provincia de Buenos Aires) y en Córdoba.
Un colapso anunciado y opaco
El deterioro de ARSA no fue sorpresivo. Desde sus inicios, la empresa estuvo plagada de severas irregularidades financieras y administrativas. En sus estructuras de capital participaron primero fondos vinculados al grupo Vicentin, con base en Uruguay, y más tarde pasó a manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también gestionaban La Suipachense a través de Maralac S.A. La reciente y abrupta desaparición de estos controladores en los últimos meses precipitó el final.
La peor parte la padecieron los trabajadores. Durante años, sufrieron el cobro de salarios fraccionados, pagos "en negro" y una interrupción de tres años y medio sin realizar aportes a la obra social. Esta situación provocó que la producción se contrajera drásticamente. Mientras una parte de la plantilla se auto-consideró despedida ante el silencio patronal, otros continuaron sus reclamos, dependiendo de la ayuda alimentaria del gremio Atilra y realizando trabajos ocasionales para sobrevivir.
Acusaciones de maniobra fraudulenta
Para un sector de los empleados y analistas de la industria, el cierre se percibe como una "quiebra fraudulenta". Los críticos sostienen que los responsables nunca formalizaron el concurso de acreedores de manera adecuada, y que los supuestos intentos de "reordenamiento" fueron simplemente maniobras dilatorias. La ley concursal prevé un mecanismo de salvataje, el cual fracasó rotundamente: no se presentó ningún interesado en adquirir la empresa, y los titulares de Maralac S.A., que controlaban ARSA, no respondieron a las propuestas de continuidad.
