El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha dictado una resolución histórica al solicitar el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la Causa Vialidad. La medida, adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se ejecuta luego de que la sentencia de diciembre de 2022 fuera ratificada en segunda instancia.
El valor del patrimonio a ser incautado, que inicialmente se había fijado en $84.835 millones, ha sido actualizado por peritos contadores a una cifra monumental: $684.990 millones, equivalentes a aproximadamente 500 millones de dólares.
El alcance de la medida
La orden judicial afecta a un total de 122 bienes inmuebles que el Ministerio Público Fiscal identificó como instrumentos directos del fraude o activos obtenidos durante el período de la maniobra delictiva (mayo de 2003 a diciembre de 2015).
Entre las propiedades sujetas a ejecución y venta se encuentran:
·Bienes pertenecientes a Lázaro Báez y a su conglomerado de empresas (Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto).
·Terrenos, hoteles y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
·Un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y un conjunto de activos que fueron cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La condena en la Causa Vialidad estableció que existió un circuito sistemático de adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. Este esquema implicó sobreprecios, falta de controles y cartelización.
Según el tribunal, el flujo de fondos públicos desviados no solo benefició al empresario, sino que resultó en un crecimiento patrimonial ilícito de la familia Kirchner, materializado en propiedades, inversiones y negocios compartidos.
El TOF 2 rechazó las objeciones de las defensas, que argumentaban la falta de un nexo causal exacto entre los bienes y el delito. El fallo subrayó que, para fines de decomiso, no se requiere una trazabilidad contable precisa, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos del fraude. Además, los jueces citaron tratados internacionales contra la corrupción para justificar la necesidad de recuperar los activos.
Destino de los fondos
El fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola habían urgido al tribunal a ejecutar la medida inmediatamente, luego de que los condenados incumplieran el plazo de diez días hábiles para efectuar el pago solidario de la suma actualizada.
Una vez que se complete la tasación, el tribunal comunicará la resolución a la Corte Suprema de Justicia para su eventual afectación al servicio de justicia. El TOF 2 también dejó constancia de que los fondos recuperados deberían destinarse a la reparación del daño social, poniendo especial énfasis en la infraestructura vial de Santa Cruz que fue severamente perjudicada por las obras inconclusas.
