El Ejecutivo Nacional ha dado un paso decisivo en su agenda de transformación con la presentación formal del proyecto de Ley de Libertad Educativa. Esta extensa iniciativa, que consta de 169 artículos y 43 páginas, busca reemplazar por completo la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006. El documento, ya disponible en la plataforma digital del Consejo de Mayo, introduce modificaciones trascendentales en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta el ámbito universitario. El anuncio oficial fue realizado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Ejes centrales de la disrupción
La reforma plantea un cambio profundo en la estructura y el financiamiento del sistema:
·Adiós a la Meta del PBI: Se elimina la histórica pauta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a la inversión en educación, redefiniendo el esquema presupuestario del sector.
·Examen de Egreso: Se establece la creación de una prueba obligatoria a nivel nacional para evaluar los conocimientos al finalizar el ciclo secundario.
·Educación Esencial: El proyecto declara el servicio educativo como esencial, lo que implica la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante cualquier medida de fuerza o paro.
·Financiamiento Flexible: Se modifican los criterios de asignación de fondos tanto para la educación obligatoria como para las instituciones de nivel superior.
Más autonomía y nuevos controles
Uno de los pilares del proyecto es la descentralización de las decisiones pedagógicas. Cada establecimiento educativo, sea público o privado, tendrá la potestad de diseñar sus propios planes de estudio, elegir metodologías de enseñanza, fijar su calendario y establecer sus reglas de convivencia y organización interna.
En las instituciones estatales, los directivos obtendrán nuevas facultades:
·Contenidos Flexibles: Los contenidos mínimos obligatorios a nivel nacional y provincial no podrán exceder el 75% del tiempo lectivo, permitiendo que cada escuela defina el 25% restante.
·Horas de Clase: La carga horaria se medirá estrictamente por horas de instrucción, en lugar de por días: 540 horas para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, cifras que representan un piso menor al previamente acordado por el Consejo Federal en 2024.
·Gestión Docente: Los directores de escuelas públicas podrán proponer la contratación o el despido de personal docente, aunque la validación final recaerá sobre las carteras provinciales.
El rol protagonista de la familia
La nueva ley redefine a la familia como el “agente natural y primordial de la educación”. Para fomentar su participación, se establecen Consejos de Padres en cada escuela estatal, otorgándoles voz y voto en asuntos como la elaboración de reglamentos y la potestad de intervenir en la designación o remoción de las autoridades escolares.
Adicionalmente, se revertirá una prohibición actual al permitirse la divulgación de información educativa detallada por escuela, incluyendo los resultados obtenidos en evaluaciones nacionales. Esto busca proveer a las familias de transparencia para la toma de decisiones.
Modalidades innovadoras formalizadas
El texto legal abraza nuevas modalidades educativas para adaptarse a la tecnología y las preferencias familiares:
·Educación en el Hogar (Homeschooling): Se reconoce formalmente esta práctica. Las jurisdicciones deberán crear un registro obligatorio sin que esto implique “controles intrusivos”. Los estudiantes de esta modalidad deberán certificar los contenidos mínimos a través de exámenes estandarizados rendidos en cualquier escuela.
·Entornos Virtuales: Se acepta la educación en línea, incluyendo la provista por entidades extranjeras, sin restricciones de edad y con la posibilidad de cursar bajo un esquema híbrido.
·Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES): Se formaliza este examen de carácter individual y voluntario, diseñado para evaluar el dominio de Lengua, Matemática y las áreas de Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades.
Nota Importante: Aunque el borrador inicial había contemplado la inclusión de la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, esta cláusula generadora de controversia fue excluida de la versión final del proyecto.
