El proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei ha abierto un nuevo frente de batalla con el sindicalismo. El punto de conflicto central es la propuesta de reducir las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, una medida que, según el Ejecutivo, busca disminuir el "costo laboral", pero que para los gremios representa un desfinanciamiento letal del sistema sanitario.
La nueva ecuación de aportes
La iniciativa parlamentaria plantea un cambio en las alícuotas que financian la salud de los trabajadores en relación de dependencia:
·Contribución Patronal: Pasaría del 6% al 5% (una reducción de un punto porcentual).
·Aporte del Trabajador: Se mantendría sin cambios en el 3%.
El impacto económico: un agujero de 100.000 millones
Especialistas y dirigentes del sector advierten que esta quita de un punto no es menor. Se estima que el recorte total rondaría los $106.000 millones mensuales. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:
1.Obras Sociales: Dejarían de percibir cerca de $90.000 millones por mes.
2.Fondo Solidario de Redistribución (FSR): Perdería unos $16.500 millones mensuales. Este fondo es vital, ya que es el mecanismo que compensa recursos entre las distintas entidades para garantizar prestaciones básicas.
El dilema del "costo" vs. la "cobertura"
Desde el Gobierno, figuras como Federico Sturzenegger defienden la medida argumentando que los descuentos actuales ensanchan la brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador en mano. Sin embargo, voces como la de Carlos Regazzoni (ex PAMI) señalan una falla técnica en la lógica oficial: si la reforma tiene éxito y genera más empleo formal, el sistema recibirá a miles de nuevos afiliados, pero con un presupuesto per cápita mucho menor, lo que haría imposible cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El sistema al borde del colapso
José Luis Lingeri, referente de la CGT, fue contundente al afirmar que el sistema ya está "quebrado" y que muchos gremios deben inyectar fondos propios para sostener la atención. Según el dirigente:
·El 90% del Fondo Solidario ya se consume en prestaciones de discapacidad (como el transporte escolar), dejando poco margen para el resto de las enfermedades.
·Las obras sociales concentran a los trabajadores de menores ingresos, mientras que los de sueldos altos derivan sus aportes a empresas de medicina prepaga.
·Critican que el Gobierno no toque impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos y prefiera "ajustar" la salud de los empleados.
Sin consenso y con final abierto
Desde la CGT denuncian que la reforma fue diseñada por "grandes estudios empresariales" sin instancias de diálogo formal. La advertencia sindical es clara: de avanzar este recorte, el sistema privado de los gremios colapsará, obligando al Estado a absorber la atención de millones de trabajadores que hoy cuentan con cobertura sindical.
