La investigación por la presunta estafa con el token $LIBRA suma un capítulo determinante al salir a la luz los términos de la relación entre el Gobierno Nacional y el empresario Hayden Davis. A pesar del hermetismo oficial, trascendió la existencia de un convenio confidencial que posicionó al joven estadounidense como consultor estratégico del Estado argentino bajo una modalidad ad honorem.
Un asesoramiento en las sombras
El vínculo se habría sellado el 29 de enero de 2025, durante una visita de Davis a la Casa de Gobierno. El documento, que carece de membrete formal pero cuenta con la rúbrica presidencial, establecía que el empresario brindaría asistencia técnica en áreas críticas de modernización.
Entre los ejes principales del compromiso figuraban:
·Gestión mediante Smart Contracts: Implementación de contratos inteligentes para desburocratizar la administración pública.
·Blockchain estatal: El registro seguro de documentación oficial y títulos de propiedad en cadenas de bloques.
·Capacitación técnica: Instrucción a funcionarios en Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías financieras.
Este contrato se amparó en el Artículo 969 del Código Civil y Comercial, enfatizando que Davis no recibiría remuneración alguna por sus servicios, a cambio de mantener una reserva absoluta sobre la información procesada.
La defensa oficial frente a las acusaciones
Mientras la Justicia analiza el colapso del token que dejó miles de damnificados, el presidente Javier Milei salió a respaldar la figura de Davis. En recientes declaraciones, el mandatario negó tajantemente la existencia de una estafa, apoyándose en la supuesta liberación de activos del empresario en los Estados Unidos como prueba de su inocencia.
"Fue una participación voluntaria en un mercado específico", argumentó el Jefe de Estado, intentando despegar la gestión pública del desenlace financiero de la criptomoneda. No obstante, el nexo formal firmado apenas días antes del estallido del escándalo coloca al acuerdo en el centro de la polémica política y judicial.
