El futuro de las reservas de agua dulce en Argentina entra en una etapa de definiciones críticas. El plenario de comisiones del Senado otorgó dictamen favorable al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares, fijando el próximo 10 de febrero como la fecha para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa oficialista busca modificar los límites de protección actuales con el objetivo de destrabar inversiones en megaminería e hidrocarburos, sectores que el Ejecutivo considera estratégicos para el crecimiento económico.
El eje del conflicto: ¿Qué se considera "protegible"?
La ley vigente ofrece un paraguas de protección amplio que incluye no solo los glaciares, sino también el ambiente periglacial (suelos congelados que regulan el flujo de agua). La reforma pretende acotar estas definiciones, lo que permitiría la actividad extractiva en áreas que hoy están estrictamente prohibidas.
El abogado y asesor de WWF Internacional, Agustín Matteri, advirtió sobre el peligro de ver al agua como un recurso inagotable:
“Hoy el sistema económico no tiene en cuenta el capital natural. Creemos que el agua va a estar para siempre y el sistema responde así; por eso tenemos este tipo de avances que quieren tomarla como un flujo perenne”.
Puntos clave de la controversia
·Valor económico vs. Valor natural: Especialistas sostienen que, mientras el sistema no asigne un valor real al capital natural, la regulación estatal es la única barrera para evitar la destrucción de ecosistemas clave.
·Federalismo: La ley actual permite a las provincias complementar la protección nacional, respetando que los estados provinciales tienen el dominio originario de sus recursos, pero estableciendo estándares mínimos de cuidado.
·Impacto en la inversión: El Gobierno argumenta que la normativa actual es "excesivamente restrictiva" y que su modificación es necesaria para atraer capitales extranjeros en provincias con potencial minero.
Fecha clave: 10 de febrero
Con el dictamen ya firmado, el verano legislativo estará marcado por la presión de organizaciones ambientales, cámaras mineras y gobiernos provinciales. El resultado de la votación en febrero determinará si Argentina mantiene su estatus de protección sobre las cuencas hídricas de alta montaña o si abre paso a un nuevo esquema de explotación productiva en zonas de glaciares.
