En un fallo de alto impacto institucional, la Cámara Federal en lo Penal Económico dictó la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, pretendía que el Poder Ejecutivo tomara el control sobre la administración de activos incautados en causas de corrupción, una facultad que hoy genera una fuerte disputa con el Poder Judicial.
El eje del conflicto: ¿Quién custodia los activos?
La resolución de la Cámara, que lleva las firmas de los magistrados Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ratifica la postura histórica de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ya había establecido previamente que el registro y la gestión de estos bienes deben permanecer bajo la órbita judicial.
Este enfrentamiento ocurre en un momento sensible, coincidiendo con los procesos de remate de bienes vinculados a causas de alto perfil, como "Vialidad" y la "Ruta del dinero K", que involucran cifras superiores a los 640 millones de dólares.
Los fundamentos del fallo
El tribunal fue contundente al señalar que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones. Los puntos principales de la sentencia se basan en:
·Violación constitucional: Se citó el Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Presidente emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta, salvo circunstancias excepcionales que aquí no se acreditaron.
·Ausencia de urgencia: Los jueces destacaron que el decreto fue emitido durante el período de sesiones ordinarias del Congreso, sin que existiera impedimento alguno para que el tema se tratara mediante el proceso legislativo convencional.
·Falta de imprevistos: El fallo sostiene que la administración de bienes judiciales no es un problema "repentino o sorpresivo" que justifique eludir el debate parlamentario.
"No se demostró una situación de crisis que solo pudiera resolverse mediante un cambio normativo inmediato", subrayó el tribunal, invalidando el intento del Ministerio de Justicia por centralizar estos fondos.
Impacto de la medida
Con esta decisión, se frena el intento del Gobierno por reformular el sistema de manejo de dinero y propiedades secuestradas en causas penales federales. El fallo no solo representa una derrota jurídica para el oficialismo, sino que refuerza la autonomía del Poder Judicial en la gestión de los recursos derivados del combate contra el crimen organizado y la corrupción.
