En una jornada legislativa donde el Presupuesto 2026 suele acaparar la atención, el Senado de la Nación tiene previsto dar luz verde este viernes al proyecto de "Inocencia Fiscal". Se trata de una pieza fundamental en la estrategia económica del oficialismo, diseñada específicamente para incentivar que el capital privado hoy fuera del sistema —los ahorros "bajo el colchón"— se reincorpore a la economía activa a través del consumo, sin el temor a represalias tributarias.
El fin del control sobre el crecimiento patrimonial
El núcleo de esta iniciativa radica en la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Según los lineamientos del Ejecutivo, aquellos contribuyentes que se acojan a este sistema (cuyo techo patrimonial se fija en 10.000 millones de pesos) gozarán de una suerte de "blindaje" permanente.
Bajo este nuevo esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) limitará su fiscalización exclusivamente a los ingresos facturados. Esto representa un cambio de paradigma total, ya que:
·No se exigirá información sobre variaciones de patrimonio.
·Se anula el monitoreo sobre los gastos y consumos personales.
·El Impuesto a las Ganancias se calculará solo sobre la base facturada, permitiendo que el crecimiento de los activos quede fuera de la lupa oficial.
Modificaciones penales y nuevos umbrales de evasión
Para complementar este alivio administrativo, el proyecto propone una reforma drástica a la Ley Penal Tributaria (24.769) y al Código Civil y Comercial. La modificación más impactante se da en la actualización de los montos que definen el delito de evasión, los cuales habían quedado desfasados por la inflación:
1.Evasión Simple: El piso para iniciar una causa penal se eleva de los actuales $1.500.000 a la suma de $100.000.000.
2.Evasión Agravada: El umbral se dispara de los $15 millones a los $1.000 millones.
Esta medida busca desarticular la judicialización de contribuyentes menores y medianos, concentrando los esfuerzos estatales solo en casos de gran escala.
Penalidades y balance regulatorio
Si bien la norma propone un relajamiento significativo en los controles preventivos y en la persecución penal, también endurece las multas administrativas. El proyecto contempla un incremento en las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de los plazos establecidos, buscando que la libertad de mercado se compense con el cumplimiento de los términos formales de presentación.
Con esta ley, el Gobierno apuesta a una formalización "por incentivo", confiando en que la reducción de la presión fiscal y la eliminación del control sobre el gasto sean motores suficientes para reactivar una economía que necesita, urgentemente, de la circulación de dólares atesorados.
