El escenario judicial argentino sumó un capítulo determinante este lunes. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó la nulidad absoluta de la resolución que daba vida al denominado "protocolo antipiquetes". La sentencia, que se extiende por 38 fojas, no solo anula una norma, sino que lanza una dura advertencia sobre el equilibrio republicano: el Ministerio de Seguridad, según el magistrado, intentó arrogarse funciones legislativas que la Constitución Nacional reserva exclusivamente al Congreso.

El fallo surge como respuesta a un amparo colectivo liderado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), argumentando que la normativa de la gestión actual "viciaba" el orden legal al pretender regular materias penales mediante una simple resolución ministerial. Cormick fue tajante al señalar que el Poder Ejecutivo no puede dictar reglas que restrinjan libertades fundamentales —como la de reunión o petición ante las autoridades— sin una ley previa que lo avale.

Este revés judicial es el segundo que Cormick le propicia al Gobierno en la misma semana, tras su reciente intervención a favor del financiamiento universitario. El magistrado, que en marzo se había negado a suspender el protocolo e incluso supervisó marchas personalmente, concluyó ahora que la implementación de la norma desvirtúa la división de poderes establecida en la Carta Magna.