En política, el camino entre ser el héroe que "limpia la casa" y ser el sospechoso que ayudó a desordenarla es, a veces, peligrosamente corto. Luis Bertolini, el intendente que llegó al sillón municipal de Plottier con un contundente 57% de los votos y la promesa de una gestión técnica y transparente, hoy enfrenta el peor de sus laberintos: la Justicia lo mira no solo como quien aportó pruebas, sino como quien puso la firma.
El caso de la "causa Ruiz" ha dado un giro que desafía la lógica de la supervivencia política. Cuando Bertolini denunció las irregularidades de la gestión de Gloria Ruiz en diciembre pasado, muchos vieron en él a un dirigente intentando despegarse de una sombra que empezaba a oscurecerlo todo. Fue un movimiento audaz: el delfín político cortando lazos con su mentora para salvar la institucionalidad (y, de paso, su propia imagen).
El peso de la lapicera
Sin embargo, el derecho penal es menos flexible que la estrategia política. La fiscalía de Delitos Económicos ha puesto el foco en una realidad administrativa ineludible: para que una obra se pague sin haberse construido —como la ya famosa "pileta fantasma"—, alguien debe certificar que los ladrillos están ahí. Y en ese entonces, la firma que validaba el avance de los trabajos era la de Bertolini, por entonces secretario de Obras Públicas.
Aquí reside el dilema central de la causa: ¿Fue Bertolini un funcionario engañado por un esquema superior o fue un engranaje necesario del mismo?
Un intendente bajo asedio
La notificación para que designe abogado defensor hiere de gravedad su autoridad. No es lo mismo gobernar una ciudad bajo la presión de la crisis económica que hacerlo con el rótulo judicial de "sospechado". Los rumores de renuncia que el propio intendente debió salir a desmentir hace días no son más que el síntoma de un ecosistema político que huele debilidad.
Plottier se encuentra hoy en una situación institucional inédita. Su exintendenta e exvicegobernadora está imputada por enriquecimiento ilícito, y su actual intendente debe explicar por qué certificó obras que hoy son solo descampados.
La herencia de la desconfianza
Más allá de lo que dictamine la Justicia, el daño social ya está hecho. La sospecha de que los fondos públicos (unos 180 millones de pesos a valores actuales) terminaron en piletas privadas o contratos irregulares profundiza el divorcio entre la sociedad y sus representantes.
Bertolini tiene ahora el desafío de demostrar que su denuncia original no fue un acto de oportunismo para encubrir su propia responsabilidad, sino un verdadero compromiso con la verdad. Por ahora, el intendente de Plottier ha quedado atrapado en el espejo de la gestión que él mismo ayudó a construir y que luego intentó derribar.
