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La central obrera manifestó su "absoluta oposición" al DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Denuncian que la normativa otorga facultades de "policía secreta" a la SIDE y permite detenciones sin orden judicial.

​La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que rechaza de forma tajante la reciente publicación del DNU 941/2025 por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Según la central sindical, estas modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520 representan reformas "arbitrarias, regresivas y peligrosas" que eluden el debate necesario en el Congreso de la Nación.

​Una amenaza a las libertades individuales

​Para la conducción nacional de la CGT, el decreto sumerge a la ciudadanía en una situación institucional crítica. El documento señala que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentará su opacidad y poder operativo sin el debido control parlamentario.

​Entre los puntos más alarmantes destacados por el Consejo Directivo Nacional se encuentran:

​Espionaje sin límites: Todas las actividades de inteligencia pasarán a ser consideradas "encubiertas".

​Facultades parapoliciales: Advierten que los agentes podrían actuar como una "policía secreta", habilitando incluso la detención de personas sin orden judicial.
​Inteligencia interior: El decreto autoriza a las Fuerzas Armadas y de seguridad a realizar tareas de inteligencia dentro del territorio nacional.

​Ataque a la prensa: La CGT alerta que las facultades para intervenir ante "fugas de información clasificada" podrían derivar en hostigamiento y censura contra el periodismo libre.

​El "complemento represivo" del ajuste

​El comunicado vincula directamente estas medidas con el contexto económico actual. Para la CGT, estas reformas no responden a intereses nacionales, sino que funcionan como un "complemento represivo indispensable" para sostener un programa económico de ajuste continuo que, según la entidad, carece de sustentabilidad social.

​Finalmente, la central obrera comparó estas iniciativas con "experiencias trágicas de nuestro pasado" vinculadas a la persecución ideológica, asegurando que este modelo se aleja de la vigencia de una democracia plena y de los derechos garantizados por la Constitución Argentina.