En un movimiento que complica el panorama legal de la conducción del fútbol argentino, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico ha facultado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para intervenir como querellante en la investigación contra la AFA. El juez Diego Amarante validó la participación del organismo recaudador, permitiendo que sus letrados tengan control total de la causa, propongan peritajes y cuestionen futuros fallos.
Las claves de la imputación contra "Chiqui" Tapia
La Justicia analiza una presunta maniobra de apropiación indebida de tributos. Según la acusación impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial, la entidad madre del fútbol local habría retenido impuestos a clubes y trabajadores sin transferir esos fondos a las arcas públicas en los plazos que dicta la ley.
La cúpula de la asociación, integrada por Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, se encuentra bajo la lupa por el delito de evasión agravada. El magistrado consideró la urgencia del caso y decidió habilitar la feria judicial de enero para avanzar con el proceso.
El mapa de la deuda: un fraude de casi $19.400 millones
La auditoría realizada por ARCA sobre el periodo que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025 arroja cifras alarmantes. El perjuicio fiscal total asciende a los $19.389 millones de pesos, una suma que el fisco considera "fondos públicos" utilizados de manera ilícita por la entidad deportiva.
Dentro de este monto, el mayor impacto se encuentra en los aportes a la Seguridad Social, donde la deuda supera los $8.600 millones. A esto se le suman más de $8.000 millones correspondientes a retenciones del Impuesto a las Ganancias que nunca llegaron al Estado, además de irregularidades detectadas en la liquidación del IVA. Para los investigadores, no se trató de un error administrativo, sino de una decisión deliberada de financiar la operatividad de la AFA con dinero que legalmente le pertenece al Estado desde el momento de la retención.
Medidas de prueba y la "Ruta del dinero"
Para esclarecer el destino de los fondos, el juzgado ha puesto en marcha una serie de medidas contundentes. Se han enviado oficios al Banco Central (BCRA) y a diversas entidades financieras para rastrear los movimientos de las cuentas de la AFA y verificar si los fondos estaban disponibles al momento de los vencimientos.
Mientras la defensa de la institución ya se presentó en el expediente para representar a los dirigentes, la fiscalía busca determinar si existió un desvío de capitales hacia otros fines, lo que podría derivar en penas de prisión efectiva para los máximos responsables del fútbol argentino.
