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En un movimiento clave para la reorganización del poder gremial, representantes de más de 25 organizaciones sindicales se congregaron en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para consolidar un bloque de resistencia ante el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo. El encuentro, liderado por Abel Furlán, marcó el inicio de una estrategia coordinada que trasciende las fronteras de cada sector productivo.


Triple ofensiva: El plan de acción del movimiento obrero

Los dirigentes ratificaron su apoyo a la conducción nacional de la CGT y definieron que la disputa contra las medidas de la administración de Javier Milei se librará en tres campos de batalla simultáneos:

1.Frente Jurídico: Presentaciones judiciales para frenar la constitucionalidad de los cambios normativos.

2.Frente Legislativo: Cabildeo y presión en el Congreso para bloquear la aprobación del proyecto.

3.Diálogo Político: Exigencia de una mesa de negociación donde el sindicalismo sea un actor protagónico y no un espectador.

Presión sobre las provincias: "No negocien con nuestros derechos"

Uno de los mensajes más duros de la jornada estuvo dirigido a los mandatarios provinciales. Los sindicatos denunciaron que el Gobierno nacional intenta "seducir" a las provincias con recursos locales a cambio de votos para la reforma.

"Los gobernadores no pueden priorizar sus cajas locales a costa de los derechos de los trabajadores", sentenciaron los gremios, demandando que cualquier acuerdo federal incluya la protección de las conquistas laborales.

Representación multisectorial y próximos pasos

La convocatoria demostró una capilaridad inusual, reuniendo a sectores estratégicos de la economía que pocas veces coinciden en una misma mesa:

·Industria y Minería: Aceiteros, molineros, mineros y metalúrgicos.

·Transporte y Logística: Ferroviarios, pilotos, aeronáuticos, viales y capitanes de ultramar.

·Servicios y Energía: Gráficos, personal superior de energía e industria del hielo.

La unidad de estos sectores busca contrarrestar lo que califican como un plan de "flexibilización forzada" que apunta a abaratar las indemnizaciones y debilitar el tejido productivo. La hoja de ruta continuará el próximo miércoles 28 de enero a las 16:00, donde se espera que las organizaciones anuncien medidas de fuerza concretas o un plan de lucha escalonado.