A través del Decreto 87/26, el presidente Javier Milei dio un paso decisivo para desactivar el frente judicial que pesaba sobre la gestión económica de Cambiemos. La normativa ordena a la Procuración del Tesoro abandonar su rol de querellante en la investigación penal contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional entre 2018 y 2019.
El "timing" detrás de la decisión
La medida del Gobierno Nacional se produjo apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dictara el archivo de las actuaciones. Aunque el fiscal Franco Picardi apeló de inmediato el cierre de la causa —criticando una valoración "superficial y sesgada" de las pruebas—, la retirada del Estado como parte acusadora debilita significativamente el impulso del proceso.
De la crítica técnica al blindaje político
Resulta llamativo el cambio de postura de Milei, quien en su etapa como economista mediático fue uno de los detractores más feroces del acuerdo con el FMI. Sin embargo, la lectura política actual sugiere que el decreto no busca una amnistía personal para Macri, sino proteger a sus propios funcionarios:
·Luis Caputo (Economía): Protagonista directo de la negociación original.
·Federico Sturzenegger (Desregulación): Pieza clave en la ingeniería financiera de aquel entonces.
La causa, que buscaba determinar el destino de más de 41.000 millones de dólares, se sostenía sobre dos pilares fundamentales que el archivo judicial ahora pone en duda:
El argumento de que se evitó el control del Congreso Nacional, violando preceptos constitucionales sobre la toma de deuda pública.
La hipótesis de que los fondos no se usaron para fortalecer la macroeconomía, sino para facilitar la salida de divisas de fondos de inversión que habían apostado a las Lebacs.
Mientras la jueza Capuchetti sostiene que no hubo delito debido a la "inexistencia de reglamentos" que obligaran a un destino específico de los fondos, el Ministerio Público Fiscal mantiene una postura opuesta. Para el fiscal Picardi, existió un "esquema defraudatorio" coordinado entre funcionarios y sectores privados para beneficiar a grupos económicos mediante información privilegiada y un dólar subsidiado.
Con este decreto, el Ejecutivo clausura la estrategia judicial iniciada por la administración de Alberto Fernández en 2021, transformando un conflicto criminal en una discusión que, a partir de ahora, parece quedar saldada en los despachos oficiales.
