El Gobierno de Israel ha dado un paso que altera profundamente el tablero jurídico y político en Oriente Medio. A través de un decreto impulsado por el Ministerio de Justicia en conjunto con las carteras de Defensa y Finanzas, se ha oficializado la reapertura del proceso de registro de tierras en Cisjordania. Esta medida, inédita desde la Guerra de los Seis Días en 1967, busca transformar la ocupación militar de facto en una titularidad jurídica definitiva y vinculante a favor del Estado hebreo.
La "Revolución de Judea y Samaria"
Para el ala más nacionalista del gabinete israelí, liderada por el ministro de Justicia Yaariv Levin, esta decisión no es un trámite administrativo menor, sino una "revolución institucional". El lenguaje utilizado por el gobierno no deja lugar a ambigüedades: se refieren a Cisjordania por sus nombres bíblicos, Judea y Samaria, reafirmando una narrativa de pertenencia histórica y religiosa.
El plan contempla la asignación masiva de presupuesto y equipos técnicos para mapear e inscribir "extensas áreas" a nombre del Estado de Israel. Al convertir estos terrenos en "tierras estatales" de forma definitiva, el gobierno elimina las trabas legales que a menudo frenaban la expansión de asentamientos en los tribunales, otorgando una seguridad jurídica a la colonización que antes dependía de órdenes militares temporales.
El grito de alarma de la Autoridad Nacional Palestina
Desde Ramallah, la reacción ha sido de máxima gravedad. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, calificó la medida como el inicio formal de la anexión total. Para la dirigencia palestina, el registro de tierras es la pieza final de un rompecabezas diseñado para fragmentar el territorio y hacer inviable la solución de dos Estados.
La ANP sostiene que esta acción ignora deliberadamente el consenso internacional, especialmente la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Dicha resolución establece con claridad que cualquier cambio en la composición demográfica o el estatus del territorio ocupado desde 1967 carece de validez legal. Según la presidencia palestina, esta medida no solo es una provocación, sino una amenaza directa a la seguridad regional que podría desatar una nueva ola de inestabilidad en Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Jordania y la ruptura del equilibrio regional
El rechazo no ha llegado solo desde los territorios palestinos. El Reino de Jordania, actor clave y custodio de los lugares santos en Jerusalén, ha manifestado su "rechazo absoluto". El Ministerio de Exteriores jordano subrayó que Israel, como potencia ocupante, no tiene soberanía legal para alterar la titularidad de la tierra.
Para Ammán, este movimiento es una "escalada peligrosa" que intenta imponer hechos consumados antes de cualquier futura negociación de paz. La diplomacia jordana advierte que al designar tierras como estatales, Israel está intentando borrar las fronteras del 4 de junio de 1967, las cuales son la base de los acuerdos de paz internacionales y del derecho al pueblo palestino a la autodeterminación.
El desafío a la comunidad internacional
La decisión de Israel coloca a la comunidad internacional en una posición incómoda. Mientras el Ministerio de Justicia israelí acelera la colonización del terreno con recursos y equipos gubernamentales, la ANP y Jordania apelan a Naciones Unidas y, muy especialmente, al gobierno de Estados Unidos para que intervengan.
La gran incógnita ahora es cómo responderá la Casa Blanca y la Unión Europea ante un cambio administrativo que, aunque técnico en apariencia, tiene consecuencias irreversibles en la geografía del conflicto. Al registrar las tierras de manera definitiva, Israel está cerrando la puerta a la posibilidad de que esos territorios formen parte de un intercambio de tierras en un eventual acuerdo de paz, consolidando un control que, para sus detractores, representa el fin de la esperanza de una solución negociada.
