El regreso del magnate británico Joe Lewis a la Patagonia argentina en enero de 2026, tras recibir el indulto de Donald Trump en Estados Unidos, ha reavivado una fuerte controversia en la provincia de Río Negro. El centro de la disputa es una construcción de dimensiones colosales: un refugio fortificado de 4.000 metros cuadrados que se levanta en las inmediaciones de Lago Escondido.
Una fortificación bajo tierra
La obra, que ha sido comparada con instalaciones de uso militar, presenta características técnicas inusuales para una residencia privada:
·Estructura: El complejo consta de tres niveles subterráneos y dos plantas superiores, utilizando grandes cantidades de acero y hormigón enterrados en suelo glaciario.
·Equipamiento: Las instalaciones incluyen un piso de uso exclusivo para el financista, salas de comunicaciones avanzadas, spa y servicios de lujo.
·Irregularidades: Se denuncia la apertura de un camino de 8 kilómetros junto a la costa que violaría la línea de sirga, además de la falta de transparencia sobre si la construcción funciona como un refugio antiaéreo.
El reclamo por la falta de control
Desde hace siete años, sectores legislativos liderados por Magdalena Odarda exigen informes oficiales sobre la finalidad de esta estructura, sin obtener respuestas claras. A esto se suma una preocupación mayor por la aparente "zona liberada" en la que se han convertido grandes extensiones de la Patagonia:
·Enclaves extranjeros: Se señala la presencia del Emir de Qatar con residencias excavadas en roca en Cerro Baguales y el control de la familia real de Abu Dhabi sobre el aeropuerto de Sierra Grande, donde las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería y Prefectura) tendrían el acceso restringido.
·Actividad diplomática opaca: Recientemente, legisladores estadounidenses sobrevolaron zonas estratégicas de Tierra del Fuego y Neuquén sin dar aviso a las autoridades provinciales, coincidiendo con nuevos acuerdos comerciales firmados por la embajada de EE. UU.
·Apagón informativo: El Ministerio de Defensa mantiene fuera de servicio el monitoreo satelital del Instituto Geográfico Nacional, lo que impide el control público de estas áreas fronterizas críticas.
Un escenario de incertidumbre
La impunidad con la que operan estos capitales extranjeros, protegidos por el vacío estatal y acuerdos privados, plantea un interrogante sobre la vigencia de las leyes argentinas en territorio patagónico. Mientras Lewis supervisa su búnker, la región parece consolidarse como un territorio donde la propiedad privada de lujo se impone sobre la seguridad nacional y el acceso público a los recursos naturales.
