En un movimiento clave para la agenda de seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich, jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, confirmó que el proyecto para modificar la responsabilidad penal de los menores ya tiene luz verde para llegar al recinto. Tras recibir la aprobación de Diputados la semana pasada, el oficialismo confía en que la iniciativa se convierta en ley en los próximos días.
El fin de la "edad como escudo"
A través de sus canales de comunicación, Bullrich enfatizó que el nuevo marco normativo busca saldar una deuda histórica con las familias de las víctimas. Con la consigna de que "se terminó mirar para otro lado", la legisladora aseguró que el Estado dejará de permitir que la edad sea un salvoconducto para la impunidad en delitos graves.
El propio presidente Javier Milei, desde su gira por Estados Unidos, respaldó el avance legislativo, celebrando el consenso alcanzado entre las fuerzas que integran LLA, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales frente al rechazo del peronismo y la izquierda.
Ejes centrales del nuevo sistema:
La reforma reemplaza una normativa vigente desde la última dictadura y establece un esquema de sanciones diferenciado:
·Nueva edad de imputabilidad: El límite para ser juzgado penalmente se reduce de los 16 a los 14 años.
·Penas máximas y exclusiones: Se fija un tope de 15 años de prisión para los crímenes más severos, quedando prohibida de forma explícita la pena de reclusión perpetua para menores.
·Separación estricta: La ley obliga a que los jóvenes cumplan sus sanciones en centros especializados, garantizando que bajo ninguna circunstancia convivan con la población carcelaria adulta.
·Gradualidad en la condena: * Para infracciones con penas menores a 3 años, se eliminan las penas de cárcel.
Para delitos de entre 3 y 10 años (que no involucren muertes o lesiones gravísimas), se dará prioridad a programas de resocialización, educación y enfoque social por sobre el encierro.
El camino a la ley
Con una votación previa de 149 a favor en la Cámara Baja, el proyecto llega al Senado con un fuerte impulso político. De aprobarse, Argentina contará con un régimen que busca equilibrar la demanda social de justicia con mecanismos de reinserción que no existían en la ley anterior, marcando un giro profundo en la política criminal para adolescentes.
