La implementación de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", sancionada junto al presupuesto 2026, ha generado un giro drástico en los tribunales federales. En apenas 13 días hábiles de vigencia efectiva, cientos de expedientes por evasión han sido archivados debido a una actualización sin precedentes en los montos mínimos requeridos para considerar un hecho como delito penal.
Un salto del 3000% en los umbrales de punibilidad
La nueva normativa elevó drásticamente las cifras que separan una infracción administrativa de un delito criminal. Según los nuevos parámetros:
·Evasión Simple: El piso subió de $1.500.000 a $100.000.000 (un incremento del 6567%).
·Evasión Agravada: El monto mínimo saltó de $15.000.000 a $1.000.000.000.
·Evasión vía Terceros: Experimentó la suba más alta, un 9900%, pasando de $2.000.000 a $200.000.000.
·Apropiación de Recursos (Seguridad Social): El nuevo umbral se fijó en $3.500.000.
Esta modificación implica que la mayoría de las causas activas pierdan su carácter penal, cayendo a un ritmo de entre 15 y 20 expedientes diarios.
El principio de la "Ley más Benigna" y el rol de ARCA
El cierre de los casos se produce por dos vías: solicitudes de las defensas o decisiones de oficio de los magistrados, amparados en el principio constitucional de la ley penal más benigna.
A diferencia de años anteriores, donde existía resistencia judicial, actualmente hay un alineamiento total:
·La Justicia: Se apoya en el fallo "Vidal" de la Corte Suprema, que ratifica la aplicación retroactiva de estos cambios.
·ARCA: El organismo recaudador instruyó a sus equipos legales para reconocer los nuevos mínimos de manera "universal e irrestricta" en todas las causas en curso.
El enfoque en los "peces gordos"
Mientras los detractores califican la medida como una "amnistía encubierta", sus defensores —incluyendo a jueces como Mariano Borinsky y Marcelo Aguinsky— argumentan que esto permitirá al Estado concentrar sus recursos exclusivamente en los grandes evasores. Los casos de menor cuantía no quedarán impunes, sino que se resolverán mediante multas y sanciones en el ámbito administrativo, lo que agilizaría la recaudación.
Un ejemplo de esta nueva política criminal es la causa contra la AFA, donde se investiga una presunta evasión de más de $19.000 millones, cifra que supera ampliamente los nuevos topes legales y mantiene la causa bajo la órbita penal.
