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En una sesión clave para la agenda de sesiones extraordinarias, la Cámara Alta sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, marcando un giro estructural en la justicia argentina. Con una votación que arrojó 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el oficialismo logró convertir en ley la reducción de la edad de imputabilidad, que hasta ahora se situaba en los 16 años.


Los pilares de la nueva normativa


La ley establece que los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser sometidos a procesos judiciales. El esquema de sanciones diseñado busca otorgar flexibilidad a los magistrados, permitiendo graduar los castigos según la naturaleza del delito cometido:

·Penas alternativas: Para delitos menores (con escalas de hasta tres años), los jueces podrán disponer tareas comunitarias, prohibición de salida del país o monitoreo electrónico.

·Encierro efectivo: Se reservará exclusivamente para casos de extrema gravedad, tales como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos violentos.

·Tope máximo de reclusión: La ley fija un límite de 15 años de prisión, incluso si la acumulación de delitos sugiriera una pena mayor.

Debate por el presupuesto y la infraestructura

La implementación del sistema conlleva un desafío logístico y económico. El Ejecutivo asignó una partida de $23.800 millones para la puesta en marcha de la estructura procesal. No obstante, desde la oposición, sectores representados por el senador Jorge Capitanich cuestionaron la suficiencia de estos fondos, advirtiendo sobre la urgencia de construir centros de detención especializados, dado que la normativa prohíbe estrictamente que los menores compartan espacios con adultos.

Repercusiones políticas

Tras la sanción, la referente del bloque oficialista, Patricia Bullrich, celebró la medida en redes sociales como un acto de justicia para las familias damnificadas por la inseguridad. El triunfo legislativo se produjo en medio de una jornada intensa que también incluyó el debate de la reforma laboral, dándole al presidente Javier Milei las herramientas solicitadas previo a su discurso de apertura de sesiones ordinarias.