Tras el inicio del periodo de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei confirmó que la próxima etapa de su gestión estará marcada por una profunda revisión normativa. El plan oficial busca transformar los marcos legales que rigen la actividad civil, comercial y el comercio exterior.

En lo que representa una nueva ofensiva legislativa tras el debate de la Ley Ómnibus, el Gobierno Nacional anunció que presentará ante el Congreso una serie de proyectos destinados a reestructurar los pilares del ordenamiento jurídico argentino. La iniciativa apunta a una "modernización total" de cuatro cuerpos legales clave: los códigos Civil,

Comercial, Procesal y Aduanero.

Desregulación y simplificación normativa

El eje central de esta propuesta es la eliminación de lo que el oficialismo denomina "trabas burocráticas" que afectan al sector privado. Según lo adelantado por el Jefe de Estado, la intención es adaptar estas normativas —muchas de ellas con décadas de vigencia— a una dinámica económica más ágil y menos intervenida por el Estado.

·Impacto Económico: Se busca facilitar los procesos de intercambio comercial y simplificar las obligaciones legales de particulares y empresas.

·Materia Aduanera: El objetivo es agilizar el comercio exterior, un punto crítico en la plataforma de reformas del Ejecutivo.

·Ámbito Procesal: La reforma pretende acelerar los tiempos de la justicia para otorgar mayor previsibilidad jurídica.

Escenario parlamentario

El anuncio llega en un contexto de marcada polarización con los bloques opositores. Tras un discurso de apertura de sesiones con fuertes cruces dialécticos, el oficialismo apuesta ahora a que el debate técnico de estos códigos le permita avanzar con su agenda de desregulación.

Se prevé que los borradores de las iniciativas ingresen a las cámaras legislativas en el corto plazo. Con este movimiento, el Gobierno intenta retomar la iniciativa política y sentar las bases jurídicas de su modelo económico para el resto del año legislativo.