La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva para frenar los cambios normativos aprobados por el Congreso. El reclamo se centra en la vulneración de derechos fundamentales y anticipa una batalla legal que sumará el apoyo de las centrales obreras.
BUENOS AIRES – El nuevo marco regulatorio del trabajo en Argentina enfrenta su primer gran desafío en los tribunales. La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado formalizó una acción judicial bajo la figura de demanda colectiva, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la reciente Ley de Modernización Laboral impulsada por el
Poder Ejecutivo.
El argumento constitucional: Más allá de la política
Desde la entidad gremial buscaron blindar el reclamo de cualquier interpretación partidaria, enfatizando que el eje de la discusión es estrictamente técnico-jurídico. "No se trata de una disputa política, sino de una cuestión constitucional", subrayaron los representantes legales al fundamentar la presentación.
El núcleo de la demanda sostiene que la nueva legislación colisiona directamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según los letrados, los cambios aprobados por el Poder Legislativo vulneran garantías fundamentales de los trabajadores y principios de protección que tienen rango constitucional.
Un frente judicial en expansión
Esta presentación marca el inicio de una serie de impugnaciones que prometen congestionar los juzgados laborales. A la acción de los abogados estatales se sumará, a partir de este lunes, la estrategia legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), que impugnará la norma bajo el principio de "progresividad", el cual impide que las nuevas leyes retrocedan en derechos ya adquiridos.
Los puntos críticos en disputa
La justicia deberá resolver sobre varios ejes de la reforma que los gremios consideran inválidos:
·Régimen de Indemnizaciones: Se cuestiona la reducción de los montos de cálculo y la posibilidad de que los pagos se realicen de forma fraccionada.
·Limitación del derecho a huelga: La exigencia de mantener un 75% de operatividad en servicios declarados esenciales es vista como una restricción severa a la libertad sindical.
·Criminalización de la protesta: La nueva tipificación de bloqueos o tomas de empresas como faltas "muy graves" es otro de los focos de conflicto.
·Ultraactividad de convenios: La eliminación de la vigencia automática de los contratos colectivos tras su vencimiento representa, para los demandantes, una pérdida de protección para el trabajador durante las negociaciones.
Este escenario abre un periodo de incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la reforma, cuya validez final quedará ahora en manos del Poder Judicial.
