La legisladora nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, enfrenta una nueva complicación en los tribunales de Río Negro. En esta oportunidad, la justicia civil dispuso un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos, derivado de una demanda por daños y perjuicios vinculada a su faceta como desarrolladora inmobiliaria en la región.

La medida fue dictada por la jueza Vanessa Kozaczuk, titular del juzgado Civil, Comercial y de Minería de San Antonio Oeste. La resolución surge tras la denuncia de un particular, Alejandro Kanjer, quien adquirió un lote en el emprendimiento "Tajamar", propiedad de la diputada.

Según el planteo judicial, el demandante cumplió con los pagos acordados, pero denunció una serie de irregularidades contractuales graves:

·Falta de infraestructura: Incumplimiento en las obras básicas prometidas para el loteo.

·Trabas registrales: Imposibilidad de avanzar con la escrituración legal del terreno.

Alcance de la medida económica

El fallo ordena afectar activos por un total de $31.549.088,95. La medida cautelar impacta sobre: Cuentas corrientes y cajas de ahorro, plazos fijos, títulos públicos y privados, cualquier crédito o valor en moneda nacional o extranjera bajo su titularidad.

Un dato relevante es que, a diferencia de procesos anteriores, la magistrada exceptuó los haberes percibidos por su función legislativa. Es decir, sus ingresos como diputada nacional no serán retenidos en esta instancia, aunque el Banco Central ya fue notificado para identificar otros fondos disponibles.

Un historial de conflictos legales

Villaverde no es ajena a este tipo de contingencias. Su actividad privada en el sector de bienes raíces en Las Grutas y alrededores ha generado una cadena de litigios:

·Antecedente en Bariloche: En diciembre pasado, el juez Santiago Morán ordenó embargar su dieta parlamentaria y aguinaldo por 40 millones de pesos en una causa similar.

·Acuerdos extrajudiciales: Para evitar sentencias mayores, la legisladora ya ha tenido que pactar indemnizaciones de entre 10 y 12 millones de pesos con otras damnificadas.

Más allá de sus problemas comerciales, la figura de Villaverde sigue bajo la lupa por episodios de su pasado. Durante la campaña, cobró notoriedad un antiguo expediente en Estados Unidos relacionado con una causa por estupefacientes, situación que ella atribuyó a una confusión durante una redada en un estacionamiento. Asimismo, sus vínculos con sectores empresariales cuestionados han sido motivo de debate constante en el armado libertario rionegrino.

Por el momento, ni la diputada ni su equipo de comunicación han emitido declaraciones oficiales respecto a este nuevo embargo que vuelve a poner en jaque su patrimonio.