El senador nacional Francisco Paoltroni se encuentra en el centro de un complejo escenario judicial tras un fallo que le exige el pago de una millonaria multa ambiental. La justicia de primera instancia ratificó que el legislador incurrió en el cambio de uso de suelo sin autorización, una falta considerada grave dentro de la normativa de preservación de bosques de la provincia de Formosa.
La resolución, firmada por la jueza María Lourdes Leliur, detalla una serie de intervenciones irregulares en más de 1.100 hectáreas distribuidas en distintos puntos del territorio formoseño.
El mapa del desmonte
El informe judicial identifica cuatro focos principales donde se detectaron las infracciones:
·Estanislao del Campo: 586 hectáreas.
·Colonia San Roque (Subteniente Perín): 479 hectáreas.
·Colonia El Silencio: 112 hectáreas.
·Bouchard (Ruta Nacional 81): 7 hectáreas.
Estas acciones derivaron en una sanción administrativa que, ante la falta de pago, ha escalado a una ejecución fiscal. El objetivo de la provincia es transformar la multa en una deuda judicial exigible para garantizar el cobro de los 104 millones de pesos.
La estrategia de la defensa: El escudo de los fueros
A pesar de la sentencia, la defensa de Paoltroni ha interpuesto diversos recursos para frenar el avance del cobro. El argumento central del legislador se basa en su condición de senador nacional, sosteniendo que sus fueros parlamentarios deberían actuar como un impedimento para la ejecución de la sanción económica.
Esta postura ha generado fuertes repercusiones políticas, ya que el dirigente suele basar su discurso público en la transparencia y la crítica a la corrupción. La causa no solo investiga el daño ambiental, sino que también pone la lupa sobre la modalidad de adquisición de tierras fiscales y la concentración de propiedades rurales en el oeste de la provincia.
Impacto Ambiental: Los desmontes sin autorización previa alteran ecosistemas críticos y violan las leyes de ordenamiento territorial, lo que ha llevado a la provincia a iniciar este proceso de cobro coactivo para resarcir el daño al patrimonio natural.
