La justicia bonaerense ha sumado un nuevo obstáculo a la aplicación de la reforma laboral vigente al declarar la inconstitucionalidad de uno de sus ejes centrales.

El Tribunal Laboral N° 3 de La Plata emitió un fallo que invalida el artículo 55 de la ley 27.802, argumentando que el nuevo criterio para liquidar y actualizar las indemnizaciones vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

Esta decisión, que se alinea con un antecedente reciente en la provincia de Córdoba, pone bajo la lupa la legalidad de las modificaciones introducidas para el cálculo de los créditos laborales en procesos judiciales que ya se encontraban en trámite.

El conflicto legal surgió a raíz de la demanda de un trabajador platense que desempeñó tareas sin registrar durante tres años.

Al analizar el caso, los magistrados Soledad Moreyra, Sofía María Silva Pelossi y Nicolás Menestrina concluyeron que la normativa vigente impone un esquema de actualización sustancialmente inferior al que regía anteriormente, lo que en la práctica se traduce en una quita del valor real de los montos reclamados.

Los jueces señalaron que la reforma afecta principios de igualdad y razonabilidad, ya que reduce retroactivamente el mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor más un interés anual del 3 por ciento, afectando la protección que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza a la persona trabajadora.

Desde sectores especializados en derecho del trabajo han destacado que este fallo resulta determinante para frenar lo que consideran un tratamiento peyorativo hacia quienes mantienen reclamos en curso.

La resolución judicial advierte que la norma pretendía recortar aproximadamente un 33 por ciento de los montos adeudados de forma retroactiva, una medida que los tribunales calificaron como jurídicamente inconsistente.

Al apartar el cuestionado artículo de la reforma, el tribunal resolvió aplicar las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo para restablecer el equilibrio en el crédito laboral, marcando un precedente que podría multiplicar las declaraciones de inconstitucionalidad en otros distritos del país donde la "modernización laboral" enfrenta cuestionamientos similares.