Ante el recrudecimiento del conflicto gremial que mantiene semiparalizado al Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén puso en marcha un dispositivo de contingencia obligatorio. La medida busca frenar el colapso de las causas y garantizar que los fueros más sensibles —como Familia, Penal y Laboral— no pierdan continuidad pese a las medidas de fuerza.

Reasignación de personal y "comité de crisis"

La máxima instancia judicial de la provincia no solo activó un protocolo escrito, sino que creó la Comisión Operativa de Emergencia. Este cuerpo, integrado por presidentes de Cámaras de Apelaciones y directores de Oficinas Judiciales de toda la provincia, tiene facultades excepcionales.

Se autorizó la afectación transitoria de secretarios y funcionarios de diversas áreas. Esto significa que personal de juzgados con menor carga o áreas administrativas será trasladado de urgencia a cubrir puestos clave en los tribunales que hoy están desbordados.

Cada organismo judicial de la provincia debió presentar un informe de daños y retrasos para que la Comisión decida dónde es más urgente enviar refuerzos.

Prioridad absoluta: Sectores vulnerables

El TSJ fue taxativo al definir qué expedientes no pueden esperar. El protocolo establece una "jerarquía de atención" para mitigar el impacto social del paro:

Fuero de Familia: Alimentos, medidas de protección y regímenes de comunicación.

Fuero Penal: Causas con detenidos y audiencias de control.

Fuero Laboral: Indemnizaciones y créditos alimentarios de trabajadores.

El uso de la tecnología como balsa de salvataje

Además de los movimientos de personal, el máximo tribunal ordenó extremar el uso de las herramientas digitales del Poder Judicial. El objetivo es que la mayor cantidad posible de trámites se resuelva de manera remota, evitando que la falta de atención presencial en las mesas de entradas detenga por completo el flujo de los expedientes.

Desde el TSJ recalcaron que estas medidas se mantendrán vigentes y se irán ampliando al resto de los organismos mientras persista la falta de acuerdo salarial con el gremio SEJuN, priorizando siempre el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos por encima de la coyuntura del conflicto.