A pesar del aluvión de inscripciones y la resistencia de sectores ambientalistas, el oficialismo ratificó el cronograma de las audiencias públicas para debatir los cambios en la Ley 26.639. La decisión de La Libertad Avanza (LLA) de restringir la palabra a solo 400 expositores —de un total de 100.000 anotados— ha desatado una fuerte polémica legislativa y judicial.
El esquema de las jornadas
Las audiencias se desarrollarán en dos fechas clave, bajo una modalidad mixta que busca garantizar, según el oficialismo, la representación federal:
·Miércoles 25 de marzo: Jornada presencial destinada a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país.
·Jueves 26 de marzo: Sesión virtual vía Zoom para completar el cupo de 400 oradores seleccionados por orden de inscripción.
·Restricciones adicionales: El resto de los miles de anotados solo podrá participar enviando ponencias escritas o videos de hasta cinco minutos, los cuales serán incorporados como antecedentes al expediente.
El factor judicial: La cautelar de Greenpeace
La organización Greenpeace presentó una medida cautelar que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico. La entidad exige que el Congreso garantice la participación oral y efectiva de la totalidad de los inscriptos.
Dato clave: De prosperar el pedido judicial, el debate podría extenderse por más de 500 días, asumiendo un promedio de 200 expositores por jornada, lo que paralizaría los plazos previstos por el Gobierno.
¿Qué se discute en la reforma?
El núcleo de la controversia reside en la flexibilización de los estándares de protección ambiental para fomentar inversiones en megaminería e hidrocarburos:
·Redefinición de zonas: El proyecto busca permitir actividades económicas en áreas periglaciares que hoy están protegidas, siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental.
·Transferencia de facultades: Se otorga mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué zonas proteger, reduciendo el control del Estado Nacional.
·Intereses en juego: Mientras gobernadores aliados impulsan la ley para captar capitales, la oposición dura y las ONG advierten sobre el riesgo irreversible para las reservas estratégicas de agua dulce.
Restricciones en el recinto
Además de la limitación de oradores, la resolución firmada por los diputados José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales) establece que solo podrán estar presentes los 66 diputados que integran dichas comisiones, acompañados por apenas dos asesores, lo que añade tensión al control del debate parlamentario.
