En una decisión que marca un nuevo distanciamiento de los consensos internacionales históricos, Argentina se convirtió en uno de los tres únicos países en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La medida, aprobada por 123 votos a favor, declara oficialmente a la trata de esclavos africanos y la esclavitud racializada como el "crimen más grave contra la humanidad".
La resolución, impulsada por la Unión Africana bajo el liderazgo de Ghana, no solo busca el reconocimiento simbólico del horror de la esclavitud, sino que intenta establecer las bases legales para que las antiguas potencias coloniales ofrezcan disculpas formales y reparaciones económicas.
El mapa de la votación
El resultado dejó a la delegación argentina en un grupo extremadamente reducido, compartiendo el rechazo únicamente con Estados Unidos e Israel. Por otro lado, hubo 52 abstenciones, provenientes en su mayoría del Reino Unido y países de la Unión Europea, mientras que la amplia mayoría del bloque global dio luz verde a la iniciativa.
La nueva doctrina de Cancillería
Aunque no hubo un comunicado oficial exhaustivo, la postura se alinea con la doctrina de política exterior de la gestión de Javier Milei. Este enfoque prioriza el rechazo sistemático a resoluciones que incluyan conceptos como:
·Justicia social y reparaciones históricas: Considerados por el Ejecutivo como parte de una "agenda colectivista".
·Revisionismo del neocolonialismo: Visto como una interferencia en la visión de libertad individual que promueve el gobierno actual.
Un patrón de soledad internacional
Este voto ratifica una tendencia que comenzó a finales de 2024, donde Argentina ha quedado aislada o en minorías mínimas en foros internacionales:
·Derechos indígenas: Voto negativo en noviembre de 2024.
·Género: Único país en oponerse a la resolución para eliminar la violencia contra mujeres y niñas (2024).
·Derechos Humanos: Rechazo a la resolución para prevenir y erradicar la tortura en noviembre de 2025.
Esta serie de posicionamientos marca una ruptura definitiva con la tradición diplomática argentina, que históricamente se caracterizó por liderar o acompañar los tratados globales en materia de derechos humanos.
