La polémica por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial y legislativo. Un grupo de diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la audiencia pública realizada en la Cámara de Baja, sosteniendo que el proceso careció de validez al restringir de manera arbitraria la participación ciudadana y vulnerar tratados internacionales de jerarquía constitucional.
El eje de la impugnación: Un debate "simulado"
La presentación, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y acompañada por legisladores de diversos bloques como Sabrina Selva (Unión por la Patria), señala que el esquema de la audiencia impidió una intervención real de la sociedad civil.
Los puntos críticos de la denuncia:
·Restricción de la palabra: Denuncian que se limitó la intervención oral directa y se aplicaron criterios discrecionales para seleccionar quiénes podían hablar a "viva voz".
·Violación de Tratados: Los legisladores afirman que se vulneró el Acuerdo de Escazú, el cual garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
·Cambio de reglas: Aseguran que las condiciones de participación se modificaron una vez iniciado el proceso, lo que invalidaría la transparencia del debate.
La postura del Gobierno: Flexibilización y autonomía provincial
En paralelo a la impugnación, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó el rumbo del Ejecutivo respecto a la normativa ambiental. El funcionario confirmó que el objetivo central de la reforma es flexibilizar el marco regulatorio y devolver a las provincias la potestad absoluta sobre la actividad minera en zonas periglaciales.
Esta descentralización es, precisamente, el punto más cuestionado por organizaciones ambientales y sectores de la oposición, quienes advierten que permitir que cada provincia decida individualmente sobre la explotación de estas tierras pone en riesgo reservas de agua estratégicas para el país.
Otros anuncios de gestión
Durante la misma conferencia, Adorni adelantó otros proyectos clave que el Gobierno enviará al Congreso:
·Financiamiento militar: El 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinará a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas.
·Vacantes judiciales: Se enviarán 60 pliegos al Senado para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores federales, en un sistema que actualmente opera apenas al 60% de su capacidad.
Los diputados firmantes de la impugnación —entre los que figuran Juan Brugge, Lucía Cámpora y Pablo Juliano— advirtieron que, de no convocarse a una nueva instancia de debate abierta e inclusiva, llevarán el reclamo a la vía judicial para frenar la aplicación de la nueva ley.
