En una resolución que sacude los cimientos del fútbol argentino, el Juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dictó el procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, respectivamente. La medida incluye un millonario embargo de 350 millones de pesos para cada uno de los directivos.
El eje de la imputación: retenciones no depositadas
La causa, impulsada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga el presunto manejo irregular de fondos públicos. Se acusa a la entidad de haber retenido impuestos a terceros sin transferirlos al Estado dentro de los plazos legales.
Los puntos clave de la investigación son:
·Monto bajo la lupa: La cifra total de las retenciones no integradas a término superaría los $19.000 millones.
·Tributos afectados: Las irregularidades alcanzan al IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social.
·Período investigado: Las maniobras se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Desde la defensa de la AFA admitieron la existencia de la deuda, aunque alegaron que los pagos terminaron efectuándose, pese a haber sido fuera de término.
El respaldo del Ejecutivo a la investigación
El presidente Javier Milei se pronunció sobre el avance de la causa, validando el rol de los organismos de control. "En la Argentina, el que las hace las paga; es una regla básica de este Gobierno", sentenció el mandatario, subrayando que ninguna institución, incluida la casa madre del fútbol, puede pretender estar por encima de la ley o incumplir con la presentación de sus balances.
Contradicción institucional
Este procesamiento genera un fuerte cortocircuito con el discurso de "transparencia y modernización" que la gestión de Tapia venía pregonando en sus últimos comunicados oficiales. Mientras la AFA destaca una supuesta administración responsable y crecimiento de ingresos, la Justicia Penal Económica marca un punto de inflexión que pone en duda la integridad del manejo financiero de la asociación.
La cúpula del fútbol nacional deberá enfrentar ahora el proceso penal, que se encamina hacia la instancia de juicio mientras se define la situación de fondo en los tribunales.
