La Justicia Federal puso el foco en un esquema de sobreprecios y manipulación informática dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre los apuntados se encuentra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a directivos de firmas privadas.
BUENOS AIRES – El juez Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días la citación a declaración indagatoria de 27 personas, en el marco de una investigación que sacude los cimientos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene la existencia de una red organizada para el desvío de fondos públicos que habrían ocasionado un perjuicio al Estado superior a los 75.400 millones de pesos.
La causa, que expone un entramado de presuntas irregularidades desarrolladas entre finales de 2023 y octubre de 2025, apunta a la manipulación del presupuesto destinado al programa federal "Incluir Salud", cuya finalidad es garantizar asistencia médica a personas con discapacidad y pensionados sin cobertura.
El esquema del fraude: Acceso privilegiado al sistema
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el núcleo de la maniobra radicaba en el manejo discrecional del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS). La investigación sugiere que exfuncionarios habrían facilitado claves de acceso oficiales a representantes de empresas proveedoras.
Este "acceso VIP" permitía a las firmas privadas no solo gestionar prestaciones, sino conocer anticipadamente los cronogramas de compras y concursos de precios.
De esta manera, se lograba direccionar las contrataciones hacia un grupo selecto de proveedores, garantizando la adjudicación de contratos por insumos médicos de alto costo bajo esquemas de sobreprecios sistemáticos.
Los implicados
El dictamen de la fiscalía identifica como figuras centrales de esta estructura a:
·Diego Spagnuolo, quien ocupaba la dirección de la ANDIS.
·Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini.
·Pablo Atchabahian, médico vinculado a la gestión.
Además de los exfuncionarios, la lista de citados incluye a integrantes de las familias Sagués y Bernat, junto a directivos de más de 30 empresas, entre ellos Emilio César Olguin, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami y los hermanos Guido y Oscar Alberto Capello.
Imputaciones y gravedad del caso
La Justicia busca ahora determinar no solo el grado de participación de cada uno de los involucrados, sino también el destino final de los millonarios fondos extraídos del presupuesto sanitario. Por el momento, las imputaciones que pesan sobre los investigados incluyen los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho activo.
El impacto de este desvío se mide, principalmente, en la merma de recursos críticos para la atención de la población más vulnerable que depende exclusivamente del programa "Incluir Salud" para acceder a tratamientos esenciales. Con la documentación y las pericias informáticas ya incorporadas al expediente, la causa entra en una etapa decisiva para la determinación de las responsabilidades penales.
