La Justicia profundiza el análisis sobre los préstamos otorgados al Jefe de Gabinete para sus adquisiciones inmobiliarias. Una ex comisaria de la PFA y su hija figuran como las principales prestamistas de una hipoteca de 100.000 dólares.

La causa que investiga el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni ha sumado testimonios y datos que ponen el foco en la red de financiamiento privado utilizada por el funcionario. Según la información que consta en el expediente a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, el grueso de los fondos para sus operaciones recientes provendría de préstamos otorgados por particulares, entre los que destacan integrantes de la Policía Federal Argentina.

En una de las transacciones más llamativas, una comisaria retirada de la PFA y su hija, quien se encuentra en actividad dentro de la fuerza, habrían facilitado la suma de 100.000 dólares. La operación se garantizó mediante una hipoteca sobre un departamento propiedad de Adorni situado en el barrio de Parque Chacabuco. El desglose de los fondos indica que la ex jefa policial aportó 85.000 dólares, mientras que los 15.000 restantes fueron suministrados por su hija, bajo una tasa de interés pactada en torno al 11% anual.

Coincidencias temporales y mudanza a Exaltación de la Cruz

Un punto que ha despertado especial interés en los investigadores es la fecha en que se selló este acuerdo crediticio. El préstamo se formalizó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día en que la esposa de Adorni concretó la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz.

La instrumentación legal de este movimiento estuvo a cargo de la escribana Adriana Nechevenko. En su reciente declaración testimonial, la profesional confirmó los detalles del acto, aunque un hecho periférico llamó la atención de la fiscalía: Nechevenko asistió a la sede judicial sin su teléfono celular en el momento en que se le solicitaron precisiones técnicas adicionales sobre las comunicaciones vinculadas a la causa.

El contraste entre ingresos y obligaciones financieras

La lupa judicial no solo está puesta en el origen del dinero, sino en la capacidad de pago del Jefe de Gabinete. Las proyecciones realizadas sobre las cuotas mensuales de este y otros créditos —incluyendo un acuerdo con dos jubiladas para la adquisición de una vivienda en Caballito— sugieren montos que excederían de forma considerable los ingresos mensuales que el funcionario percibe por su cargo público.

Por su parte, los prestamistas involucrados han dejado trascender que se presentarán espontáneamente ante la Justicia para entregar toda la documentación que respalda la legalidad de los fondos y la transparencia de las operaciones. El Ministerio Público Fiscal ahora busca determinar si estos préstamos privados responden a una lógica de mercado o si esconden beneficios incompatibles con la función pública o inconsistencias en el flujo de capitales del entorno del vocero presidencial.