El concejal Juan Cabezas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Zapala contra el jefe comunal Pablo Cortez. La acusación se centra en dos ejes: la autorización de una cantera privada de su propiedad y un supuesto conflicto de intereses en la gestión de una tasa vial municipal.

La gestión del intendente de Las Lajas, Pablo Cortez, se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta semana, el concejal del bloque Juntos, Juan Cabezas, formalizó una denuncia penal que promete sacudir el tablero político local, al acusar al mandatario de incurrir en presuntas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" y otros delitos contra la administración del Estado.

La presentación, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Zapala, busca investigar si Cortez utilizó su posición jerárquica para favorecer negocios particulares, transgrediendo normativas vigentes del Código Penal y los principios de ética pública.

La cantera de la discordia

El primer hecho denunciado gira en torno a la Ordenanza N° 5274, sancionada el 18 de diciembre de 2025. Según la denuncia, el propio intendente solicitó al Concejo Deliberante la autorización municipal necesaria para explotar un yacimiento minero del cual es titular.

Cabezas argumenta que el intendente reconoció explícitamente, en una nota enviada al cuerpo legislativo, que no podía autorizarse a sí mismo debido a su cargo. Sin embargo, la posterior aprobación de la ordenanza —que autorizó la explotación de forma retroactiva para el periodo 2024-2028— es vista por el denunciante como una maniobra "ilegal".

"Él corre el permiso para otro poder, pero el ilícito sigue estando", declaró Cabezas, quien sostiene además que el Concejo Deliberante no tendría competencia para autorizar la explotación, ya que se trata de tierras provinciales.

Tasa vial y el doble rol en el negocio de combustibles

El segundo punto de la denuncia involucra la Tasa de Movilidad Urbana (Ordenanza N° 5187), que aplica un gravamen del 4,5% sobre la venta de combustibles y GNC en la ciudad para financiar un fondo específico de emergencia vial.

El punto crítico de la acusación reside en que el intendente Cortez sería el dueño de la única estación de servicio de Las Lajas, la cual actúa como agente de percepción del impuesto. De este modo, se generaría un escenario de "superposición de intereses": Cortez es, al mismo tiempo, el prestador que recauda el tributo y el funcionario público que debe controlar que la liquidación y transferencia de esos fondos al municipio sean correctas.

"No es una cuestión personal"

En diálogo con este medio, el edil Juan Cabezas enfatizó que su acción no responde a un conflicto personal, sino a una cuestión de "ilegalidad y ética".

"No soy oposición por deporte ni está en mí que él no explote su cantera. El problema son los intereses personales cuando sos empleado público", subrayó. El concejal cuestionó la moralidad de la gestión al preguntarse: "¿El intendente gobierna para su propio beneficio o para el pueblo?".

Medidas de prueba

La denuncia solicita a la Justicia una batería de medidas para esclarecer los hechos:

Informes a la Dirección Provincial de Minería: para verificar la titularidad del yacimiento y los actos administrativos asociados.

Pericia contable: para auditar el volumen de ventas de la estación de servicio y los fondos transferidos al municipio.

Acceso a Declaraciones Juradas: para analizar el patrimonio del mandatario.

Informes al Tribunal de Cuentas: con el fin de detectar posibles inconsistencias financieras.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del Ejecutivo municipal respecto a la apertura de esta causa judicial. La Fiscalía de Zapala deberá ahora evaluar las pruebas presentadas y determinar los pasos a seguir en una investigación que pone a prueba la transparencia institucional en Las Lajas.