La interna en el universo libertario ha cruzado el umbral de las redes sociales para instalarse en los tribunales de Comodoro Py. La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusa de haber percibido 3 millones de dólares vinculados a la presunta estafa piramidal conocida como $LIBRA.
El rastro digital que compromete al funcionario
Según la legisladora, la maniobra dejó una huella técnica difícil de borrar. Durante una reciente intervención televisiva, Pagano explicó que la clave del caso reside en la trazabilidad de las billeteras virtuales (wallets). La denuncia sostiene que el dinero habría fluido a través de plataformas digitales tras el colapso del esquema cripto que el propio presidente Milei promocionó en sus inicios.
La diputada fue incisiva al señalar lo que considera un "error de novato" por parte del portavoz presidencial: habría vinculado directamente su billetera virtual con una cuenta bancaria personal.
"La trazabilidad es absoluta. Si conectás una wallet a un banco con tu nombre, el chiste se cuenta solo", ironizó la legisladora al describir la supuesta ruta del dinero.
Roles y etiquetas en el esquema oficialista
La acusación de Pagano no se limitó a lo técnico, sino que le asignó roles específicos a las figuras del entorno presidencial dentro de lo que denomina una estructura de recaudación irregular:
Manuel Adorni: Calificado por la diputada como el "cajero" de la Secretaría General de la Presidencia.
Javier Lanari: Señalado en la denuncia como el presunto "bolsero" de la operación.
Según el relato de la denunciante, los fondos millonarios comenzaron a ser gestionados por Adorni una vez consumado el perjuicio a los ahorristas de $LIBRA. Para la legisladora, este movimiento de capitales es la prueba de una participación activa en el aprovechamiento de la estafa.
La Justicia bajo la lupa
Con la denuncia ya radicada, la atención se desplaza ahora a los magistrados que deberán decidir el curso de la investigación. Pagano se mostró desafiante y confiada en que el peritaje de las cuentas revelará la verdad detrás de las transacciones.
Este nuevo frente judicial agrava la situación del Ejecutivo, que ya venía golpeado por las críticas sobre el patrimonio de sus funcionarios y que ahora debe responder por una vinculación directa con un fraude financiero de escala masiva.
