La legisladora Magdalena Odarda recurrió a la Procuración de Investigaciones Administrativas tras el cierre repentino de la causa judicial. Acusan a funcionarios de Nación de desistir de una demanda por soberanía territorial sin fundamentos claros.
Un polémico acuerdo conciliatorio firmado durante la feria judicial de enero de 2026 ha vuelto a poner en el centro de la escena la propiedad del magnate inglés Joseph Lewis en la Patagonia. La legisladora rionegrina Magdalena Odarda formalizó una denuncia ante el Procurador Sergio Rodríguez, exigiendo que se investigue la conducta de los funcionarios del Ministerio del Interior que frenaron la investigación sobre la legalidad de las 12.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido.
El polémico acuerdo de enero
Según la denuncia, el 14 de enero pasado —mientras los tribunales se encontraban en receso— representantes del Estado Nacional y abogados de Hidden Lake SA firmaron un acta para dar por terminadas sus disputas judiciales. Este pacto desactivó la acción de lesividad que el propio Estado había iniciado a fines de 2023 para anular la compra de las tierras, argumentando que se violaron normas de seguridad nacional al ser zona de frontera.
Los puntos críticos de la denuncia:
Habilitación express: El juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial para homologar el acuerdo y dictar sentencia definitiva, cerrando el caso sin analizar el fondo del conflicto.
Contradicción estatal: Odarda señala que el Ministerio del Interior se apartó arbitrariamente de su propia resolución de 2023, la cual afirmaba que la compra de las tierras estaba viciada de "nulidad absoluta e insanable".
Falta de transparencia: El expediente judicial se mantiene bajo reserva, impidiendo el control público sobre una decisión que afecta la soberanía territorial y el acceso a bienes de dominio público.
Un giro de 180 grados en la política oficial
La legisladora rionegrina cuestiona el cambio de postura del Ejecutivo Nacional. En 2023, informes de la AGN, la Defensoría del Pueblo y la IGJ habían concluido que las autorizaciones otorgadas en los años 90 (durante el gobierno de Menem) para que Lewis comprara el predio eran ilegales.
Sin embargo, el reciente acuerdo liderado por el Dr. Alejandro Patricio Amaro en representación de Nación, permite que la empresa mantenga la titularidad de las tierras sin que la justicia se pronuncie sobre si la adquisición fue lícita o no.
Pedido de nulidad y sanciones penales
Odarda solicitó al Procurador que:
Audite las actuaciones: Que se remitan todos los dictámenes que motivaron al Ministerio del Interior a desistir de la demanda.
Determine responsabilidades: Que se evalúe si los funcionarios cometieron delitos penales o faltas administrativas graves.
Anule el fallo: Que se impulse la revisión judicial del acuerdo por considerarlo contrario al interés general y al orden público.
"Este acuerdo supone un apartamiento del criterio sostenido por el propio Estado, alterando la calificación jurídica de actos que comprometen la soberanía nacional", advirtió la legisladora en su presentación.
