La justicia federal, a través del fiscal Guillermo Marijuán, abrió una investigación formal contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación. La causa se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, motivada por una investigación periodística de Página/12 que detalla un crecimiento patrimonial que no guardaría relación con sus ingresos oficiales.
Inconsistencias en el patrimonio
La denuncia pone el foco en el vertiginoso aumento de los activos de Francisco Adorni entre 2024 y 2025:
·Duplicación de bienes: El patrimonio neto declarado del actual diputado provincial pasó de $43,7 millones a $80,5 millones en un solo año.
·Adquisiciones de lujo: Se investiga la compra de una camioneta Jeep en noviembre de 2025 y la cancelación de un crédito hipotecario por $60 millones, cifras que excederían su capacidad de ahorro basada en sus salarios públicos.
·Sospecha de "testaferro": La hipótesis de la fiscalía sugiere que Francisco Adorni podría estar actuando como un prestanombre de su hermano Manuel para blanquear activos, dada la simultaneidad con otras investigaciones que enfrenta el jefe de Gabinete.
Bajo la lupa: El escándalo del IAF y la quiebra de IOSFA
La investigación judicial también se extiende a su desempeño como titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para el pago de retiros y pensiones militares:
·Falta de control: Se lo señala por haber omitido controles legales en un préstamo de $40.000 millones otorgado a IOSFA, la obra social de las fuerzas armadas que se encontraba en crisis.
·Desvío de fondos: La denuncia sostiene que permitió el uso de recursos previsionales destinados a jubilaciones militares para cubrir el déficit operativo de una entidad al borde de la quiebra.
·Colapso sanitario: Tras el préstamo y la posterior disolución de IOSFA, se agravaron los problemas de atención médica para el personal militar, derivando en la creación de una nueva entidad (OSFA) y la renuncia de mandos superiores.
Situación judicial
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la recolección de pruebas en el fiscal Marijuán.
Este nuevo capítulo del "Adornigate" reaviva la polémica por los altos salarios y nombramientos de familiares de funcionarios en la administración pública, contradiciendo el discurso oficial de lucha contra los privilegios de la política.
