El Gobierno nacional acelera el tratamiento de su nueva reforma para el sector energético. La iniciativa, que ya cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, contempla una profunda reconfiguración del esquema de asistencia pública a través de dos ejes simultáneos: la virtual eliminación del beneficio por "Zona Fría" para millones de usuarios residenciales y, en contrapartida, la condonación de los pasivos que las empresas de distribución eléctrica mantienen con Cammesa, la firma mayorista del mercado. La Presidencia de la Cámara Baja fijó una sesión especial para este miércoles 20 de mayo con el fin de convertir el texto en ley.
La propuesta legislativa avanzó con las firmas de La Libertad Avanza y bloques aliados dentro de la comisión de Energía y Combustibles, encabezada por Facundo Correa Llano. El dictamen contó además con el respaldo de los legisladores mendocinos alineados con el oficialismo provincial, Lisandro Nieri y Pamela Verasay. El debate expone un fuerte impacto regional, especialmente en jurisdicciones de la región cuyana y central, donde confluyen la quita de bonificaciones para los hogares y el alivio financiero para grandes conglomerados empresarios locales.
El impacto en los hogares y el nuevo mapa de subsidios
El proyecto de ley restringe de manera severa el alcance geográfico de la denominada tarifa diferencial por Zona Fría. Con el nuevo diseño, la bonificación en el suministro de gas quedará limitada exclusivamente a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. En consecuencia, populosas áreas urbanas y productivas —tales como el Gran Mendoza, San Rafael, el Valle de Uco y la Zona Este— perderán la cobertura.
La quita del beneficio se traducirá en subas inmediatas sobre los componentes de las facturas justo antes del inicio de la temporada invernal:
·Usuarios con descuento previo del 30%: Sufrirán un incremento directo del 43% en el costo del fluido.
·Beneficiarios con bonificación del 50%: Experimentarán una duplicación exacta en el valor del importe del gas.
Para intentar sostener algún nivel de asistencia, los hogares afectados deberán aplicar al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). No obstante, los requisitos de elegibilidad patrimonial imponen un techo riguroso —ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales—, lo que dejará fuera del beneficio a un amplio espectro de los sectores medios.
Alivio financiero para el sector privado
En sentido inverso al ajuste residencial, la Secretaría de Energía defendió ante el Congreso la disolución de los pasivos que las distribuidoras eléctricas contrajeron con el Estado, una cuenta que asciende globalmente a los USD 1.842 millones. El núcleo de la deuda se concentra en un 69% dentro de las empresas Edesur, Edenor y el Grupo DESA.
El articulado permite que las compañías compensen sus obligaciones corrientes utilizando como crédito los ingresos que aducen haber perdido durante los sucesivos períodos de congelamiento de tarifas. A cambio de este perdón fiscal, las prestatarias se comprometen a declinar futuras demandas judiciales contra el Estado por activos regulatorios.
Esta disputa por las compensaciones reconoce antecedentes en diversas administraciones: las empresas ya habían planteado reclamos similares durante el mandato de Mauricio Macri —pese a los incrementos tarifarios de aquel período—, repitieron la estrategia en la gestión de Alberto Fernández tras las restricciones de la pandemia y vuelven a canalizar sus demandas bajo la actual administración libertaria, en paralelo a los procesos de revisión de tarifas vigentes.
Argumentos en pugna y el escenario legislativo
Los defensores de la reforma argumentan que ambas medidas apuntan a sanear de forma definitiva el sistema energético nacional, transparentando los costos de producción y direccionando la asistencia estatal únicamente hacia los deciles de extrema vulnerabilidad. La secretaria de Energía, María Tettamanti, fundamentó que la acumulación de las deudas mayoristas fue la consecuencia inevitable de mantener tarifas pesificadas que imposibilitaban cubrir los costos operativos mínimos de las firmas.
Desde los bloques de la oposición, referenciados principalmente en Unión por la Patria, denunciaron la existencia de una doble vara en la política oficial. Los sectores críticos remarcan la contradicción de imponer una fuerte carga económica sobre las economías familiares mientras se instrumenta un rescate financiero para corporaciones privadas, recordando que el régimen de Zona Fría modificado en 2021 había sido fruto de un amplio consenso transversal en el parlamento. La sesión de este 20 de mayo definirá el rumbo de una discusión clave que combina el frente fiscal con la sustentabilidad social del servicio público.
