La investigación judicial que afecta al entorno familiar de la Jefatura de Gabinete sumó un nuevo capítulo técnico. El diputado de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni, formalizó una rectificación de su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), luego de quedar formalmente imputado en un expediente penal por supuestas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la nueva documentación, el legislador bonaerense incorporó la tenencia de un capital de 21 millones de pesos, justificándolo bajo el concepto de una herencia no detallada en los ejercicios contables previos.
La presentación administrativa modificó además la tasación fiscal de sus bienes inmuebles y el estado de su pasivo financiero. Las correcciones se ejecutaron en el marco de la causa que instruye el fiscal federal Guillermo Marijuán ante el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el magistrado Daniel Rafecas, quien ya dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el imputado. Esta investigación corre por carriles independientes a la que enfrenta su hermano, Manuel Adorni, en Comodoro Rivadavia.
Rectificaciones patrimoniales y el estado del crédito bajo sospecha
El reajuste de los balances fiscales del exfuncionario del Ministerio de Defensa se centró en dos activos principales que formaban parte del núcleo de la denuncia original promovida por la legisladora nacional Marcela Pagano:
Inmueble en City Bell: El legislador notificó que su participación del 50% sobre un dúplex de 162 metros cuadrados posee actualmente un valor de 67.500.000 pesos, lo que representa un incremento patrimonial significativo respecto a los 38.790.000 pesos declarados durante el ejercicio fiscal de 2024.
Ajuste del pasivo prendario: La sospecha inicial apuntaba a que Adorni habría cancelado de forma acelerada, en apenas 12 cuotas, un crédito hipotecario de 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia, una operatoria supuestamente inconsistente con sus ingresos declarados. En su rectificación, el imputado negó la cancelación total y declaró que aún mantiene una deuda de 57 millones de pesos con la entidad bancaria.
A pesar de las correcciones del imputado, voceros con acceso al expediente señalaron que las modificaciones administrativas no disipan las dudas de los investigadores, sino que podrían robustecer las hipótesis sobre la existencia de inconsistencias iniciales en el flujo de fondos del funcionario.
Medidas de prueba y nuevas líneas de investigación en los tribunales
Frente a este escenario, el fiscal Marijuán avanza con los requerimientos técnicos dirigidos al Banco Provincia. La Justicia exigió a la entidad financiera la remisión urgente de los cronogramas de amortización originales, los detalles de los pagos computados entre los años 2024 y 2026, y los comprobantes presentados por el cliente para acreditar el origen de los fondos utilizados en cada vencimiento.
En paralelo, se ordenó un procedimiento administrativo en las dependencias del Ministerio de Defensa y del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) —organismo que Adorni pasó a presidir en junio de 2025— con el propósito de secuestrar sus legajos laborales y recibos de haberes oficiales. Mientras se procesan los informes fiscales y de la Unidad de Información Financiera (UIF), los peritos judiciales centraron su atención en una nueva línea de análisis vinculada a la trazabilidad de presuntas cuentas de inversión operadas en el mercado de capitales.
