Bajo la coordinación de Karina Milei y los hermanos Menem, la Casa Rosada planifica recorridas presidenciales para el segundo semestre de 2026. Priorizarán provincias que Javier Milei no visitó como mandatario, al tiempo que se desata una interna por el control de la militancia digital.
La mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ya trabaja activamente en la arquitectura electoral de mediano y largo plazo. Con la mirada fija en los comicios generales de 2027, el Gobierno nacional comenzó a delinear un ambicioso esquema de giras oficiales para que el presidente Javier Milei desembarque en aquellos distritos del territorio nacional que aún no ha visitado desde el inicio de su mandato. La hoja de ruta territorial, proyectada para desplegarse durante la segunda mitad de 2026, busca expandir las bases de la militancia partidaria y consolidar estructuras institucionales propias en todo el mapa federal.
Según informes oficiales emanados de la Jefatura de Gabinete, existen nueve provincias donde todavía no se ha registrado presencia presidencial oficial: Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis y Santa Cruz. Este lote de provincias funciona como la prioridad absoluta en los despachos de Balcarce 50. Una de las escalas más avanzadas en la agenda es La Pampa, donde el jefe de Estado cuenta con una invitación formal para asistir en octubre a una actividad organizada en el marco de la muestra de La Rural. En paralelo, distritos como La Rioja y San Juan integran la primera línea de análisis para los próximos meses.
Armado partidario y dilemas de gobernabilidad
El diseño de la estrategia en el interior corre bajo la estricta conducción del círculo de mayor confianza presidencial. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, centraliza las decisiones junto al armador nacional partidario, Eduardo "Lule" Menem, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este tridente es el encargado de definir los acuerdos provinciales, auditar los reconocimientos legales del sello de LLA en la Justicia electoral y pautar la intensidad del despliegue en cada región.
El plan territorial avanza en paralelo a un debate pragmático en el Ejecutivo respecto de la convivencia institucional con los gobernadores. Las directivas iniciales de Karina Milei apuntan a resguardar la identidad nacional del partido y limitar las alianzas transversales. En la Casa Rosada evalúan detalladamente en qué jurisdicciones se competirá con listas puras y en cuáles conviene tejer acuerdos de mutua conveniencia. Por el momento, se mantienen abiertos canales de diálogo preferenciales con mandatarios provinciales considerados clave para apuntalar las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo, entre ellos Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi.
Interna digital: el control de las redes en las provincias
Sin embargo, la proyección territorial no está exenta de tensiones internas. De manera simultánea al armado en el plano físico, emisarios de la Casa Rosada comenzaron a coordinar la militancia digital en las distintas provincias para homogeneizar los discursos locales y replicar las actividades oficiales. Este movimiento reavivó una soterrada disputa en el núcleo duro del oficialismo.
El sector alineado con la estructura partidaria tradicional busca conformar equipos digitales provinciales propios que respondan de forma directa al armado nacional de LLA, intentando evitar que la comunicación en redes dependa con exclusividad de "Las Fuerzas del Cielo", la agrupación conducida bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.
Cerca de Caputo minimizan este intento de descentralización y aseguran que mantendrán su metodología de intervención agresiva en el debate virtual sin variaciones. Desde el entorno del asesor deslizan que las redes sociales deben utilizarse para dirigir la conversación pública hacia los sectores opositores y no para alimentar una "cámara de eco interna" de consumo doméstico. Esta marcada diferencia de criterios expone una grieta conceptual sobre cómo estructurar las futuras campañas de comunicación, una disputa que el Gobierno busca encapsular para que no afecte el andamiaje electoral de cara a la renovación institucional.
