Las autoridades de las casas de estudio y el Ministerio de Capital Humano rubricarán este miércoles una oferta de recomposición salarial y partidas de funcionamiento. No obstante, la Casa Rosada mantendrá la vía judicial ante la Corte Suprema contra la ley de financiamiento y los gremios ratificaron medidas de fuerza.
Tras sucesivas jornadas de negociaciones reservadas, el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un consenso que promete destrabar los meses de parálisis y conflictividad en la educación superior. Representantes de las universidades públicas y funcionarios de la cartera de Capital Humano terminaron de moldear una propuesta superadora durante el último fin de semana, la cual será formalizada mediante una firma conjunta pautada para este miércoles.
El esquema acordado introduce modificaciones estructurales en la pauta de ingresos del personal de las altas casas de estudio. Contempla una actualización salarial del 21% directa sobre los haberes correspondientes al mes de junio, a la que se adicionará un incremento complementario del 3% en el mes de octubre. Los voceros aclararon que los porcentajes fijados carecen de carácter retroactivo y ampararán tanto al claustro docente como al no docente. Asimismo, el convenio instituye que, una vez cumplido este tramo, se dará apertura a mesas paritarias con una periodicidad trimestral cuyos ajustes quedarán atados estrictamente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Partidas operativas y becas de estudio
Más allá del componente estrictamente salarial, el entendimiento destina recursos orientados a sostener la maltrecha infraestructura edilicia y asistencial de las instituciones del país:
·Gastos de funcionamiento: Se autorizó una mejora del 20% en las partidas destinadas a los gastos operativos corrientes de las sedes académicas, porcentaje que se replicará de igual manera para el sostenimiento de los hospitales escuela dependientes de las universidades.
·Apoyo estudiantil: El programa de Becas Manuel Belgrano experimentará una expansión del 50% en sus montos mensuales, buscando atenuar los índices de deserción en las carreras consideradas estratégicas.
La batalla judicial y el frente sindical dividido
A pesar del inminente acuerdo de cúpula entre los rectores y el Gobierno, la Casa Rosada no cederá en su estrategia legal de fondo. Las fuentes del sector ratificaron que el Ejecutivo sostendrá con firmeza el recurso de amparo interpuesto contra la Ley de Financiamiento Universitario, una disputa de corte constitucional que aguarda por una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe recordar que la vigencia plena de dicha ley conformó el núcleo de los reclamos que movilizaron a miles de personas durante la marcha federal del pasado 12 de mayo.
Por otro lado, la firma del acta no disipa por completo los nubarrones de conflicto en los rectorados, debido a las fuertes discrepancias existentes en el frente sindical sobre la representatividad del acuerdo.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) salieron al cruce de los trascendidos y manifestaron que cualquier resolución válida del conflicto debe encuadrarse en una convocatoria formal paritaria y no mediante acuerdos bilaterales con el CIN. En consecuencia, ratificaron la vigencia de su plan de lucha, el cual prevé un paro total de actividades por una semana, programado del 16 al 20 de junio.
En sintonía con las acciones conjuntas del Frente Sindical Universitario, los gremios llevaron a cabo este martes 9 de junio jornadas de protesta con la instalación de clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y otras capitales de provincia, previendo réplicas de visibilización en el Palacio Pizzurno y en la ciudad de Rosario para los días 11 y 16 de este mes.
