Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre los primeros cinco meses de 2026 expone la profundidad del recorte en las cuentas públicas. Mientras los compromisos financieros absorben el 12% de los recursos, sectores esenciales como educación, salud y ciencia sufren caídas históricas y niveles extremos de subejecución.
La fisonomía del gasto público nacional durante el tramo inicial de 2026 consolidó un giro drástico en las prioridades del Estado. De acuerdo con el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el período comprendido entre enero y mayo de este año, la Administración Pública Nacional (APN) experimentó una contracción real del -31% interanual en comparación con el mismo ciclo de 2023.
El documento pone en tela de juicio la naturaleza del superávit fiscal exhibido por la gestión de La Libertad Avanza, sugiriendo que el balance positivo responde principalmente al cese de pagos a proveedores y al freno total de la obra pública. La radiografía de los desembolsos oficiales expone una brecha notoria: los servicios de la deuda pública concentran por sí solos el 12% de la torta presupuestaria, una cifra que logra superar el acumulado total destinado a carteras críticas como Educación, Salud, Ciencia, Vivienda y Trabajo de manera conjunta.
Dentro de un esquema general de reducciones, las excepciones al ajuste son contadas. La más llamativa se registra en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuya partida presupuestaria se expandió un 34% en términos reales respecto a los niveles de 2023.
El retroceso en educación, salud y el sector científico
El informe del CEPA traza un panorama complejo para las áreas sociales tradicionales, cuya participación conjunta en el presupuesto actual no alcanza a cubrir el 12% del total de los recursos disponibles. En el plano educativo, la inversión representa hoy el 4,84% del presupuesto, una cifra sustancialmente por debajo del piso legal del 6% que establecía la Ley de Educación Nacional, normativa que el Ejecutivo intentó suprimir mediante las cláusulas de la Ley de Presupuesto 2026. A nivel de programas, el desfinanciamiento es crítico: planes emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente muestran una ejecución nula del -100%, mientras que el fortalecimiento edilicio escolar cayó un -97% y el desarrollo de la Educación Superior retrocedió un -28%.
Por el lado de la salud pública, la participación se ubica en el 4,80%, con fuertes mermas en el funcionamiento de los hospitales nacionales, que registran bajas de entre el -33% y el -51%. Los programas de Atención Sanitaria Territorial quedaron paralizados con un -100% de ejecución, mientras que el acceso a medicamentos y tecnología médica se contrajo un -14%. Dentro del sector sanitario, el INCUCAI se transformó en la única excepción con un repunte del +85% en su ejecución, contrastando con el fuerte ajuste en organismos de control como la ANMAT, que cayó un -41%, y el Instituto Malbrán, con una baja del -33%.
En el plano científico, el presupuesto se redujo apenas al 1,11% del total, con recortes generalizados que incluyen al programa de Promoción de la Investigación y la Innovación con una caída del -85%, y al CONICET con un retroceso del -32%. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional sufrió un recorte del -27%; las cesantías de 140 operarios en esta última entidad —entre ellos 83 observadores— provocaron denuncias gremiales que alertan sobre baches de hasta 12 horas sin mediciones en más de 60 estaciones climáticas del país.
El freno en el tejido social y la situación de los comedores
En un contexto de alta vulnerabilidad, las partidas orientadas al desarrollo y la asistencia social sufrieron un retroceso severo. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia muestra un recorte del -75%, mientras que programas de base como la Economía Social y el Apoyo a la Primera Infancia quedaron técnicamente desfinanciados con un -100% de ejecución. El Plan Nacional de Protección Social corrió una suerte similar con una baja del -99%.
La reducción del -61% en las partidas para Comedores y Merenderos Comunitarios impactó de forma directa en los barrios populares del interior del país, donde la demanda se incrementó significativamente frente a recursos en retroceso. La proyección presupuestaria para Políticas Alimentarias en este período contempla una caída real de casi el 16% en comparación con los fondos otorgados el año pasado, en un escenario donde los alimentos sostienen una inflación mensual por encima de los tres puntos.
A nivel territorial, las redes de asistencia reportan serias dificultades para garantizar el servicio alimentario diario. En Posadas, Misiones, referentes comunitarios señalan que apenas el 15% de los 54 comedores locales cuenta con asistencia de Nación, forzando a los espacios a reducir la frecuencia de las comidas de tres veces por semana a solo una. Por su parte, en Jujuy, el merendero "A Pulmón" de la capital provincial debió suspender sus actividades en delinear cinco ocasiones a lo largo del último año debido al desabastecimiento de insumos básicos. En Corrientes, centros vecinales como "Pancitas Llenas" asisten a más de 200 personas los fines de semana, recibiendo una demanda creciente de familias y adultos mayores de jurisdicciones periféricas.
Esta situación se enmarca en un conflicto judicial de larga data, luego de que el Ministerio de Capital Humano decidiera a mediados de 2025 clausurar el Registro Nacional de Comedores y se opusiera formalmente a las medidas de amparo presentadas por organizaciones civiles para reactivar las auditorías y el flujo de fondos.
Parálisis en infraestructura, industria y seguridad
El sector productivo y el esquema de obras públicas muestran índices de parálisis que economistas del sector privado ya califican como un foco de riesgo macroeconómico en el mediano plazo, debido al deterioro acumulativo de las redes viales y de transporte.
Los fondos para Infraestructura Municipal, Consolidación Urbana y Seguridad Vial en Rutas Nacionales sufrieron un recorte absoluto del -100%, mientras que la pavimentación y la obra pública general cayeron un -95% y -98% respectivamente. Esta política impactó de forma directa en las finanzas de los municipios y provincias, que vieron desaparecer las transferencias de asistencia financiera nacional en un -99%, incluyendo la quita total del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
En el mapa industrial, el INTI sufrió un recorte del -42% y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo experimentó una contracción del -81%, en un escenario que coincide con el cierre de unas 24.000 firmas y la pérdida de puestos laborales registrados en el sector privado.
Finalmente, el programa de austeridad alcanzó incluso a las áreas de defensa y seguridad interior. Pese al eje discursivo de la gestión enfocado en el orden público, las fuerzas federales registraron mermas sustanciales en su financiamiento: la Policía Federal sufrió una baja del -34%, Gendarmería Nacional del -30% y Prefectura Naval del -31%, mientras que el Ejército y la Fuerza Aérea experimentaron recortes del -15% y -18% respectivamente.
