El juez Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral, logró obtener dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado para prorrogar su mandato por cinco años más. Sin embargo, la audiencia parlamentaria quedó marcada por una fuerte impugnación de la oposición, luego de que el propio magistrado reconociera haber mantenido un encuentro presencial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apenas días antes de emitir un fallo clave que eliminó los efectos suspensivos de la cautelar de la CGT contra la reforma laboral del Ejecutivo.

A las puertas de cumplir los 75 años, Pesino cosechó las nueve firmas reglamentarias de los legisladores para que su pliego de continuidad sea tratado en el recinto de la Cámara Alta en la próxima sesión. Su estabilidad en el cargo generó severas suspicacias en los pasillos del Congreso, donde sectores de la oposición leyeron la validación de su pliego como una presunta contraprestación o "moneda de cambio" política por haber destrabado la ley de modernización laboral que tanto ansía la administración central.

La Sala VIII, que Pesino comparte con la jueza María Dora González, arrastra fuertes cuestionamientos entre los litigantes del fuero del trabajo por su marcado perfil pro-patronal, al punto de recibir el mote irónico en el ámbito parlamentario de la "Sala Banelco", una alusión histórica al escándalo de las coimas en el Senado que en el año 2000 forzó la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez y debilitó al gobierno de Fernando de la Rúa hasta su caída en 2001. En el historial reciente de Pesino también pesa haber convalidado la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El tenso cruce en la Comisión de Acuerdos

Durante la audiencia, el senador Mariano Recalde acorraló al magistrado al cuestionarle la llamativa coincidencia temporal entre su fallo favorable al Gobierno y el envío definitivo de su postulación al Poder Legislativo. Pesino ensayó una defensa técnica y argumentó que los plazos obedecieron a una estricta "casualidad" administrativa. Según su relato, el trámite de prórroga se había iniciado en agosto del año pasado y contempló comunicaciones en noviembre con el ex viceministro Sebastián Amerio, antes de que este fuera desplazado de la cartera de Justicia en medio de las internas entre el sector de Lule Menem y el de Santiago Caputo.

Respecto a su cónclave del 7 de abril con Mahiques —previo a la resolución del litigio de la CGT—, Pesino admitió el hecho pero minimizó de forma tajante el carácter de la reunión: "Quiso conocerme. Porque, según me informó, tenía los antecedentes del doctor Amerio... quiso saber qué opinaba del traspaso de la Justicia a la Capital Federal, fue una charla de cinco minutos", se defendió ante los senadores.

Finalmente, el camarista detalló que su intervención en la causa de la reforma laboral no fue buscada de antemano: "Nuestra sala no había salido sorteada originalmente, sino la Sala IV, pero se excusó y devolvió el expediente a la Cámara. Ahí nos tocó a nosotros por sorteo y esperamos los plazos pertinentes para resolver. No hubo ningún negociado ni cosa rara en el medio", concluyó Pesino, buscando desactivar las sospechas de un pacto subterráneo con la Casa Rosada para conservar su sillón judicial.