En un escenario marcado por el acelerado retroceso de las reservas de hielo en la alta montaña, las cancillerías de Santiago y Buenos Aires han decidido desempolvar un viejo mecanismo burocrático de finales del siglo pasado. Las autoridades del área minera de ambos países acordaron restablecer las mesas de trabajo de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto firmado originalmente en 1997 que busca flexibilizar los límites fronterizos para facilitar megaoperaciones extractivas a cargo de corporaciones transnacionales.
El Ejecutivo chileno, bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, ratificó que el encuentro formal para poner en marcha esta agenda bilateral se concretará en Buenos Aires. Desde la cartera minera de Chile argumentan que el plan busca generar sinergias operativas y logísticas aprovechando la infraestructura vial y portuaria de las regiones de Atacama y Valparaíso, con la promesa de atraer inversiones externas y dinamizar el empleo en las comunidades locales. Sin embargo, este impulso estatal ha encendido alarmas críticas en la comunidad científica y en las organizaciones socioambientales.
El ecosistema invisible: la destrucción de la "banca de ahorro" hídrica
Especialistas en glaciología y geografía advierten que el relanzamiento de este convenio ignora las profundas transformaciones ambientales ocurridas en las últimas dos décadas. Las vetas metalíferas de mayor interés comercial se ubican en las cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes, un territorio donde proliferan glaciares descubiertos, cubiertos y, fundamentalmente, glaciares de roca y ambientes periglaciares.
Los riesgos técnicos y ecológicos señalados por los expertos abarcan múltiples dimensiones:
·El permafrost como regulador: En las regiones áridas del norte de Chile y la provincia argentina de San Juan, el verdadero valor hídrico no reside únicamente en los grandes bloques de hielo blanco, sino en el suelo congelado que alberga agua mezclada con sedimentos. Estas estructuras absorben el agua de las escasas nevadas y la liberan de forma paulatina durante las temporadas de sequía extrema.
·Amortiguación de la sequía: Estudios conjuntos de científicos de ambos países demuestran que, en períodos de escasez hídrica prolongada, los aportes provenientes de los glaciares y áreas periglaciares pueden llegar a sostener más del 50% del caudal de los ríos superficiales. Intervenir estas zonas significa eliminar de forma irreversible la principal reserva hídrica de emergencia.
·Efectos colaterales de la actividad industrial: La minería de gran porte acelera el derretimiento mediante la remoción física de suelo y la generación de polvo en suspensión, el cual se asienta sobre las masas de hielo reduciendo su capacidad de reflejar la radiación solar. Asimismo, la excavación expone rocas profundas ricas en metales al contacto con el oxígeno y el agua, desencadenando procesos de drenaje ácido que amenazan con contaminar las cuencas que abastecen a más del 70% de la población civil en el territorio chileno.
Asimetrías regulatorias y desprotección legal en la frontera
El debate legislativo añade una capa de complejidad al conflicto. Diversos analistas advierten sobre la disparidad de criterios en la fiscalización ambiental: mientras que en Chile el control se mantiene centralizado a nivel nacional, en Argentina la responsabilidad recae sobre las administraciones provinciales.
Esta descentralización en el lado argentino se ha vuelto un foco de disputa tras las recientes modificaciones aplicadas a la Ley de Glaciares de ese país. Los cambios normativos permiten que los gobiernos provinciales decidan si un cuerpo de hielo constituye o no una "reserva estratégica", abriendo la puerta a que se soliciten exclusiones del Inventario Nacional para autorizar proyectos extractivos. Aunque estas modificaciones regulatorias se encuentran actualmente judicializadas en los tribunales federales argentinos bajo reclamos amparados en el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, la falta de marcos regulatorios modernos y de protección de alta montaña en el lado chileno profundiza el vacío legal.
Esta fragmentación normativa genera un escenario de desprotección mutua, donde los proyectos se evalúan mediante estudios independientes a cada lado del límite internacional, perdiendo la perspectiva del impacto ambiental acumulativo y transfronterizo que sufren las comunidades locales situadas río abajo.
El fantasma de proyectos clausurados y el Distrito Vicuña
La reactivación del tratado de 1997 vuelve a poner en escena preocupaciones similares a las que provocó el polémico y clausurado proyecto Pascua Lama. En la actualidad, el foco se concentra en el denominado Distrito Vicuña, un megaproyecto de extracción de cobre y oro controlado por consorcios canadienses y australianos que abarca yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados, emplazados plenamente dentro del área de aplicación del convenio binacional.
Las comunidades cercanas expresan temor ante una inminente saturación ambiental. Además de los riesgos de contaminación hídrica por drenajes químicos, el rol de Chile como plataforma de exportación implicaría un drástico aumento en la circulación de transporte pesado, construcción de infraestructura de acopio y saturación de puertos en la Región de Atacama, un área históricamente afectada por pasivos ambientales mineros.
Ante este panorama, referentes del sector científico sugieren abandonar la visión puramente mercantilista de las altas cumbres para dar paso a una diplomacia basada en la conservación. La propuesta se centra en unificar los criterios de resguardo estatal y concebir la cordillera andina como un ecosistema integrado y compartido, priorizando la seguridad del recurso hídrico antes de avanzar con la explotación del subsuelo.
