Un informe oficial revela que el Fondo Rotatorio de la Casa Rosada pasó de 471 millones a más de 1.135 millones de pesos. Si bien la Presidencia entregó la nómina de funcionarios asignados al sistema de tarjetas corporativas, omitió los resúmenes de consumo y el contenido de una investigación administrativa interna.
El manejo de los recursos financieros destinados a los gastos operativos y de movilidad de la Casa Rosada quedó bajo la lupa tras la difusión de documentación pública. A través de un requerimiento de acceso a la información, se constató que la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, incrementó exponencialmente los recursos asignados a su "Fondo Rotatorio", llevando la cifra de 471 millones de pesos a un total de 1.135 millones de pesos en el último año.
Este mecanismo de financiamiento flexible, convalidado formalmente mediante la Resolución 35/2026 a comienzos de año, faculta a la dependencia para ejecutar operaciones individuales de hasta 50 millones de pesos. Quedaron exceptuados de este límite los desembolsos vinculados a servicios esenciales, embargos judiciales y la logística de las comitivas presidenciales. Aunque el Gobierno transparentó los nombres de los funcionarios y asesores que poseen plásticos institucionales, persisten las dudas sobre el destino final y el detalle de los consumos realizados.
Figuras clave dentro del ecosistema de las tarjetas estatales
La documentación administrativa validada por el Poder Ejecutivo expone la arquitectura del sistema de compras y viáticos, asociando extensiones específicas de tarjetas prepagas y de crédito a altas autoridades del organigrama nacional:
Karina Milei: La secretaria general del área privada aparece vinculada a una tarjeta recargable asignada a la cuenta matriz de la Secretaría General de la Presidencia.
Victoria Villarruel: La vicepresidenta de la Nación figura por duplicado dentro del circuito del Fondo Rotatorio. Posee un plástico bajo la categoría de "Viáticos y Eventuales" y un segundo dispositivo asignado al rubro de "Anticipos".
Eduardo "Lule" Menem: El subsecretario de Gestión Institucional aparece registrado en la nómina de tarjetas institucionales y, de manera simultánea, como "Administrador de Centro de Costo" dentro de la plataforma digital del sistema.
Dispositivo de comunicación: Santiago Oría, responsable del área de Realización Audiovisual, y Federico Nicolás Bustos, integrante de la misma dirección, también cuentan con extensiones habilitadas dentro del listado oficial.
El entramado administrativo expone una particularidad operativa: los mismos funcionarios designados para auditar y coordinar el Fondo Rotatorio —como la directora general de Administración, Gabriela Winnik, y el coordinador de Movimiento de Valores, Marcelo Luque Mariño— figuran de forma simultánea como titulares de las tarjetas de crédito corporativas emitidas por el Banco Nación.
Controles internos y vacíos informativos
La controversia en torno a la rendición de estos fondos radica en la falta de documentación respaldatoria provista por el Estado. De acuerdo con las normativas internas de la administración pública, toda erogación efectuada mediante estas plataformas prepagas debe ser registrada a través de expedientes electrónicos en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) bajo la etiqueta "Caja Chica Rendición", incluyendo facturas validadas por la AFIP, resúmenes bancarios y la justificación técnica del gasto.
A pesar de que el convenio con la entidad bancaria describe herramientas digitales avanzadas para el seguimiento online de transacciones, comercios y extracciones de efectivo, los informes entregados por los funcionarios del área legal omitieron estos extractos detallados. En su lugar, las respuestas oficiales remitieron al portal general de Presupuesto Abierto, una plataforma que muestra partidas macro pero impide desglosar los gastos individuales por usuario o centro de costo.
Por último, el informe de la Dirección de Sumarios reconoció la existencia de una investigación interna concluida en abril pasado, vinculada a presuntas irregularidades o usos no autorizados de estos plásticos de compra. Si bien el dictamen del organismo determinó la "inexistencia de perjuicio fiscal" y sugirió el cierre de las actuaciones disciplinarias, las autoridades ministeriales optaron por reservar el expediente, impidiendo auditar los hechos analizados, los montos investigados o las identidades de las líneas técnicas involucradas en el proceso.
